MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Félix Pantoja discrepó hoy "radicalmente" de la necesidad de abrir un debate sobre la cadena perpetua y las medidas 'postdelictuales', tal como afirmó esta tarde el portavoz de la institución, Enrique López, porque en su opinión "no caben en modo alguno" en el marco constitucional y "están muy al borde de los límites del Estado de Derecho".
Según declaró Pantoja a Europa Press, "todo lo que sea legislar penalmente bajo la emoción de un hecho" como la muerte de la niña de cinco años Mari Luz, en Huelva, "es un problema" ya que "el legislador debe legislar a la luz del Estado de Derecho, a los criterios jurídico penales y con cuidado".
En este sentido, el vocal del CGPJ criticó que no se haya tenido en cuenta que la cadena perpetua es "incompatible" con el Artículo 25 de la Constitución "que dice que el objetivo de la pena es la reinserción social, algo que no se puede olvidar al hacer cualquier modificación". "La cadena perpetua no cabe en modo alguno" y "habría que modificar la Constitución primero", aseveró.
Respecto a las llamadas "medidas postdelictuales", para controlar la actividad de la persona una vez ha salido de la cárcel, el vocal del CGPJ se preguntó si realmente son 'post' o "predelictuales" porque "una vez que se cumple la pena se está en condiciones nuevas" luego las medidas serían "para prevenir un futuro delito y eso hay que hacerlo con muchísimo cuidado".
"Ahora mismo se pueden imponer condenas de hasta 30 o 40 años y la reforma del Código Penal de 2003 posibilita que en delitos de suma gravedad se cumpla íntegramente la condena sin beneficios penitenciarios", explicó Pantoja, contrario a "abrir la vía" de creer que la posibilidad de que una persona cometa un delito sea suficiente para imponerle "una medida limitadora de derechos", con independencia de que se trate de un delito que estadísticamente refleje una mayor población reincidente.
Pantoja se preguntó al respecto sobre "quién decide cuál es el grado de reincidencia" y "por qué se va a pensar que una persona no tiene capacidad de rehabilitación y de reinserción social plena". "Eso es muy peligroso y además, está muy al borde de los límites del Estado de Derecho que afortunadamente tenemos en los países civilizados, donde se condena por hechos cometidos", concluyó.