SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (CAVA), UGT y las ONG Andalucía Acoge, Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (Apdh-a) y Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han lanzado una campaña para protestar por el carácter "crecientemente restrictivo" de las políticas migratorias aplicadas por el Gobierno.
Así, esta campaña sirve de vehículo para criticar el tratamiento "pseudo-penal" que reciben los inmigrantes en los centros de internamiento, la Directiva Retorno, que "insiste en la culpabilización de los migrantes", la reducción "a cero" de las contrataciones en origen o el "endurecimiento de la reagrupación familiar", informó la Apdh-a a Europa Press.
Para estas entidades, en el contexto "particularmente preocupante de la crisis económica, no es descartable que se produzca el "resquebrajamiento grave de la cohesión social y amplio rechazo a los inmigrantes a través de actitudes crecientemente xenófobas y racistas", por lo que consideran "imprescindible aminorar los efectos de la deriva conservadora, cada vez más restrictiva, de las políticas migratorias que se están poniendo en marcha por parte de la Administración Pública".
De este modo, los colectivos responsables de esta campaña critican que la Directiva Retorno ha supuesto un "primer mal paso" hacia una Política Europea Migratoria Común, pues con ella "se ha mandado un mensaje de eficacia a la opinión pública, reiterando la culpabilización de las personas migradas y eludiendo los verdaderos factores de fondo que alientan el fenómeno migratorio".
En este sentido, señalan que en España se ha producido un "importante giro restrictivo" en lo que a políticas migratorias se refiere, que se concreta en la firma de la Directiva de Retorno y Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, endurecimiento de la reagrupación familiar, reducción "a cero" de las contrataciones en origen, programa de retorno para extranjeros en paro o la posible reforma "restrictiva" de la Ley de Extranjería, que "ya hoy resulta inaceptable".
Asimismo, censuran el discurso de los políticos en esta materia, un discurso que "sitúa el problema del aumento de desempleo en la inmigración y, más allá, responsabiliza a los inmigrantes de la situación económica de España, cuando ellos son los primeros en sufrir las consecuencias, ya que a las consecuencias socioeconómicas hay que sumar factores como la irregularidad, inseguridad o amenazas de repatriación en un clima de recelo social".
En cuanto al retorno voluntario, dichas entidades afirman que "no existe en la Ley de Extranjería ningún supuesto que pueda amparar esta medida" y consideran que es, en realidad, una "expulsión encubierta, pues los inmigrantes que se acojan a dicha iniciativa no podrán volver a España una vez pasados tres años".
"Esta medida junto con el resto de restricciones que se quieren poner en marcha, no acabarán con la inmigración irregular --aseguran--, y son absolutamente incompatibles con la defensa de los derechos humanos a la que están comprometidos los países europeos".
En este sentido, criticaron que la inmigración se valora en España "en función del beneficio económico con el mínimo coste, considerando sólo la faceta laboral de la persona inmigrante, lo que es fiel reflejo de una política utilitarista y defensiva frente a la inmigración, donde los inmigrantes, aún siendo regulares, siguen sin ser considerados parte de la sociedad, de lo cual se aprovechan empresarios sin escrúpulos dentro y fuera de la economía sumergida".
Por ello, alertan a la población andaluza para que se mantenga "atenta" a la posible modificación de la Ley de Extranjería, en la que se pretenden introducir "nuevos y graves recortes de los derechos de las personas inmigrantes". Igualmente, consideran que es la "obligación" de los gobernantes difundir otros discursos que "alienten la solidaridad, la convivencia y el respeto, favoreciendo la integración de los inmigrantes, el arraigo laboral y social y el respeto de los derechos humanos".
