VALENCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, aseguró hoy que la política de integración de la Generalitat está "en perfecta sintonía" con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, "al impulsar principios básicos como el conocimiento del idioma, la historia y las instituciones que se recogen en el 'compromiso de integración'".
Según informó la Generalitat en un comunicado, Blasco realizó estas declaraciones "tras conocerse que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha declarado que el Gobierno de España ha incumplido sus obligaciones por no haber adaptado su Derecho interno a la Directiva 2003/109/CE, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración y por no haber informado a la Comisión Europea sobre el estado de la transposición".
Blasco indicó que España "no puede situarse al margen de los intentos por parte de la Unión Europea, de armonizar y regularizar sistemas de integración de los nacionales de terceros países en el territorio de la UE" y agregó que "lo que no haga España, lo hará el Consell dentro de sus competencias".
Según la Generalitat, "algunos artículos de la Directiva 2003/109/CE del Consejo no transpuesta por el Gobierno de España establecen que los Estados miembros podrán requerir a los nacionales de terceros países que cumplan las medidas de integración de conformidad con la legislación nacional". Asimismo se exige "acreditar un nivel lingüístico adecuado para acceder a la educación y la formación a través de la realización de cursos de idiomas".
Además, la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones que lleva por título 'Programa Común para la Integración- Marco para la integración de los nacionales de terceros países en la Unión Europea', recoge "una serie de orientaciones que deberían constituirse en los componentes principales de todas las políticas de integración nacionales y de la UE", consideró.
De estas orientaciones que se recogen en una serie de principios básicos, resaltó que la integración "implica el respeto de los valores básicos de la Unión Europea y para ello se recomienda a los países que hagan hincapié en el aspecto cívico de los programas de acogida y otras actividades destinadas a los nacionales de terceros países recién llegados, con vistas a garantizar que los inmigrantes entienden, respetan y se benefician de los valores comunes nacionales y europeos".
Otro de los principios afirma literalmente que "un conocimiento básico del idioma, la historia y las instituciones de la sociedad de acogida es indispensable para la integración; permitir a los inmigrantes adquirir ese conocimiento es esencial para que la integración tenga éxito". Entre las sugerencias a los Estados miembros, dentro de éste ámbito citó "el refuerzo del aspecto de integración de los procedimientos de admisión mediante, por ejemplo, medidas preparatorias en el país de origen que incluyan la distribución de paquetes informativos y la organización de cursos de lenguas y educación cívica en dicho país de origen".
También se habla "de organizar programas y actividades de acogida para los nacionales de terceros países recién llegados, al objeto de que adquieran unos conocimientos básicos sobre la lengua, la historia, las instituciones, las características socioeconómicas, la vida cultural y los valores fundamentales del país de acogida".
INTEGRACIÓN DE LOS HIJOS
Según la Generalitat, España "tampoco ha firmado y ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos de los trabajadores migrantes y sus familias". Esta Convención está considerada como "uno de los siete principales Tratados de Derechos Humanos" y establece que los Estados de empleo, en colaboración con los Estados de origen cuando proceda, "aplicarán una política encaminada a facilitar la integración de los hijos de los trabajadores migratorios en el sistema escolar local, particularmente en lo tocante a la enseñanza del idioma local".
Los Estados de empleo "procurarán facilitar a los hijos de los trabajadores migratorios la enseñanza de su lengua y cultura maternas y, cuando proceda, los Estados de origen colaborarán a esos efectos" y "podrán establecer planes especiales de enseñanza en la lengua materna de los hijos de los trabajadores migratorios, en colaboración con los Estados de origen si ello fuese necesario".
