MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, defendió hoy, en la última sesión de comparecencias de la subcomisión que estudia la reforma de la ley del aborto en el Congreso, que esta modificación se concrete en una ley de plazos de, "como mínimo", 14 semanas y con indicaciones sin plazo, como las malformaciones del feto o el peligro para la salud de la madre.
La representante de Themis, que compareció a propuesta del Grupo Socialista, afirmó que la ley actual en materia de aborto "viene ocasionando una situación de inseguridad jurídica a muchas mujeres y profesionales". "Esta situación es totalmente incompatible con el Estado de derecho y con el resto de la legislación española", agregó.
En este sentido, apostó "por dejar sin efecto la falta de garantías" y, para ello, considera que "la manera de resolver estos problemas y contradicciones es una ley de plazos con indicaciones". Asimismo, pidió que se regule y contemple en la ley la regulación de la objeción de conciencia, ya que, en su opinión, la actual situación "ha ocasionado que no se hagan abortos en los hospitales públicos".
También se mostró partidaria de que se despenalice el aborto y que la nueva reforma se enmarque dentro de una ley "más amplia" de salud sexual y reproductiva. En todo caso, manifestó que una ley de plazos "sería compatible con la sentencia del Tribunal Constitucional". "Es importante y urgente que se apruebe ya", concluyó.
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DEL ABORTO
Por su parte, el director del Instituto de Estudios de Capital Social de la Universidad Abat Oliva CEU y presidente de E-Cristians, Josep Miró i Ardevol, se refirió, según dijo, "a la dimensión más novedosa", la de las consecuencias económicas del aborto para la sociedad.
Según un estudio realizado por el instituto que dirige, el número de abortos practicados en el periodo 1985-2020, medidos en términos de renta, significan una pérdida de 310.000 millones de euros en el 2020, casi un billón de euros en el 2040, y cerca de los dos billones en 2060. "Ademas de contable este impacto es, en términos reales, acumulativo", añadió Ardevol.
Además, apunta que la pérdidas provocadas por los abortos del 2006 significan 51.325,1 millones de euros. "Esta cifra permite captar fácilmente cómo el problema se multiplica al dispararse el número de casos; cifras que son económicamente insostenibles", destacó.
El informe añade, además, que otro de los impactos es la reducción de ingresos de la Seguridad Social, cifra que ascenderá a 86.744 millones en 2020 y 401.337 en 2040, y más de medio billón en 2060. Con los abortos del 2006, apunta, se ha producido una pérdida de 14.370 millones de euros.
Con estas cifras, Ardevol concluyó que el aborto posee "un grave efecto negativo sobre el bienestar y desarrollo económico" a medio y largo plazo, "porque daña el equilibrio demográfico, la renta, y desequilibra el sistema público de pensiones y los ingresos del Estado".
