Actualizado 08/02/2008 19:17

Las autoridades chinas presionan y amenazan a los mujeres e hijos de los periodistas encarcelados, según RSF

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Reporteros Sin Fronteras denunció hoy que en China, las autoridades "sancionan y amenazan" a las familias de los periodistas, disidentes y defensores de los derechos humanos que, por defender la libertad de expresión, cumplen condenas en distintas cárceles del país, como es el caso del 'blogger' Hu Jia, cuya esposa se encuentra bajo arresto domiciliario en Pekín, encerrada sin poder salir de casa con su hija de tres meses de edad.

Una de las amigas de esta mujer, de nombre Yuan Weijing, es la esposa del abogado encarcelado Chen Guangcheng, y está "permanentemente vigilada por policías y granujas, reclutados por las autoridades locales, que recientemente arrojaron piedras a un equipo de periodistas alemanes que intentaban entrevistarla", denuncia la organización.

"Con frecuencia, las esposas de los disidentes pierden sus trabajos. Como les ha ocurrido a las compañeras de los ciberdisidentes Yang Zili (detenido desde 2001) y Ouyang Yi (detenido de 2002 a 2004)", explica en un comunicado RSF.

Además, la mujer y el hijo del director de publicación Hada, encarcelado en Mongolia interior desde 1996, "tienen que enfrentarse a múltiples humillaciones". Su hijo, Uiles, incluso ha cumplido una condena de dos años de cárcel por avisar a las organizaciones internacionales de la suerte de su padre, condenado a quince años. Las autoridades se niegan a darle el documento de identidad mientras "siga creando problemas".

Según la organización, "la represión continúa sin tregua, apartando a todos cuantos se atreven a hablar pidiendo mejoras concretas antes de agosto de 2008". Así, Hu Jia ha sido inculpado de 'incitación a la subversión del poder del Estado', a pesar de las protestas internacionales y pueden condenarle a una pena grave de cárcel, explicó Reporteros Sin Fronteras.

Suerte parecida ha corrido el defensor de los derechos humanos Wang Guilin, que participó en la campaña 'Queremos los derechos humanos, no los Juegos Olímpicos', acaba de ser condenado a 18 meses de reeducación por el trabajo, en el nordeste del país.