MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
La nueva Directiva sobre Retorno propuesta por la Comisión Europea para armonizar algunos aspectos de la gestión comunitaria de la inmigración, concede potestad a los Estados para detener durante 18 meses por decisión administrativa (sin intervención judicial) a cualquier persona objeto de una orden de expulsión. Cáritas Europa y otras tres organizaciones cristianas se han dirigido a los responsables de la UE porque consideran que la medida es "inhumana".
En concreto, la organización humanitaria se ha sumado a la Comisión de las Iglesias para las Migraciones en Europa, la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea y la Conferencia de las Iglesias Europeas para firmar una carta conjunta enviada a los presidentes del Consejo, la Comisión y el Parlamento europeos --Janez Jana, José Manuel Durao Barroso y Hans-Gert Pöttering, respectivamente--.
En la misiva, las cuatro entidades denuncian que las detenciones por 18 meses son "una medida inaceptable que jamás debería ser sancionada por las leyes de la Unión Europea" y afirman que "las detenciones prolongadas, además de costosas, suponen la adopción de unos métodos innecesarios e inhumanos que no contribuyen, en ningún caso, a unas políticas de expulsión más efectivas".
Además de las detenciones administrativas, según el anteproyecto de la directiva, los Estados miembros de la UE podrían prohibir por cinco años la entrada al territorio europeo a todas aquellas personas cuyo acceso hubiera sido denegado, informa Cáritas.
La organización, afirma que el veto de re entrada "podría afectar al principio de no-devolución de la Convención de las Naciones Unidas para los Refugiados, que garantiza que una persona no podrá ser devuelta a su país de origen cuando existan posibles situaciones de persecución o riesgo para los afectados".
"El cierre de las fronteras de la Unión Europea durante un plazo de cinco años elimina para estas personas cualquier posibilidad de conseguir asilo en Europa y puede empujar a los afectados a recabar, víctimas de la desesperación, los 'servicios' de los contrabandistas y traficantes de seres humanos", denuncian las organizaciones firmantes.
