NUEVA YORK, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Seguridad de la ONU debe incrementar el número de fuerzas de paz para ayudar a proteger a los civiles en el norte de República Democrática del Congo (RDC) después de los nuevos ataques cometidos por el Ejército de Resistencia del Señor (LRA), según pidieron hoy cuatro organizaciones humanitarias.
Human Rights Watch (HRW), Enough, Resolve Uganda y la Comisión para la Justicia y la Paz de Dungu/Doruma también piden a la ONU, Reino Unido y los gobiernos de la región que desarrollen y realicen estrategias para la detención de los líderes del LRA que son buscados por el Tribunal Penal Internacional (TPI).
De acuerdo con las informaciones, los milicianos del LRA han matado a diez civiles, secuestrado a decenas de niños y saqueado e incendiado un indeterminado número de hogares y escuelas en el noreste de RDC durante los dos últimos meses. Después de atacar Dungu, la capital del distrito de Haut-Uele, en la provincia Oriental, los combatientes del LRA secuestraron a 36 niños y 21 niñas, asegura este comunicado.
"El líder del LRA, Joseph Kony, continúa con sus tácticas brutales y abusivas", señaló la directora para África de HRW, Georgette Gagnon. "Estados Unidos y Reino Unido, junto con la ONU y los gobiernos de la región, deben trabajar juntos para atrapar a los líderes de este grupo buscados por el TPI", añadió.
Las fuerzas de paz de la ONU combaten en la actualidad para proteger a los civiles en la provincia de Kivu Norte, donde el combate entre el líder rebelde Laurent Nkunda y los soldados gubernamentales han obligado al desplazamiento de más de un cuarto de millón de personas y ha provocado la muerte de cientos de civiles desde finales de agosto, según estas organizaciones.
Naciones Unidas alega que tiene muy pocos efectivos y recursos logísticos para proteger a los civiles. El pasado 3 de octubre, el representante especial del secretario general de la ONU para RDC, Alan Doss, pidió al Consejo de Seguridad un número mayor de efectivos, pero no se ha tomado ninguna acción y ningún país ha ofrecido refuerzos.
El pasado 19 de octubre, los rebeldes del LRA mataron a seis personas y secuestraron a otras 17 para que transportaran los bienes que habían saqueado. Después de esto, los jóvenes formaron una unidad de autodefensa para intentar rechazar a los combatientes de esta formación. Tan sólo dos días antes, los combatientes del LRA atacaron varias aldeas de forma simultánea y secuestraron a 45 niños de Kiliwa y Duru, señala este comunicado.
El TPI ha publicado órdenes de arresto contra Joseph Kony y otros líderes del grupo, acusados todos de crímenes de guerra y contra la Humanidad. "Nuestra gente vive con miedo", aseguró un miembro de la Comisión para la Justicia y la Paz de Dungu/Doruma, Abbé Benoît Kinalegu. "Nuestros niños son raptados por los rebeldes del LRA", añadió.
Los niños secuestrados son obligados a luchar mientras que las niñas son obligadas a proporcionar servicios sexuales para los rebeldes más veteranos. "El LRA realiza nuevos raptos con el claro propósito de restaurar sus filas", señaló un miembro de Resolve Uganda, Michael Poffenberg. "Ésta ha sido la estrategia en Uganda durante dos décadas", añadió.
NO HAY ESTRATEGIA GLOBAL
"Desde hace 20 años la comunidad internacional no ha realizado una estrategia global para terminar con la insurgencia del LRA", señaló el director ejecutivo de Enough Project, John Norris. "A no ser que el mundo ejecute ahora las órdenes del TPI, la guerra de Joseph Kony contra los civiles continuará, y la región se desestabilizará aún más", manifestó.
Durante el conflicto en el norte de Uganda, que comenzó en 1986, tanto las fuerzas gubernamentales como las del LRA cometieron serias violaciones del Derecho Humanitario e Internacional. En diciembre de 2003, el presidente ugandés, Yoweri Museveni, pidió al TPI que investigara los crímenes cometidos por el LRA.
En julio de 2005, el Tribunal emitió órdenes de arresto contra los cinco principales líderes del LRA: Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo, Raska Lukwiya y Dominic Ongwen. Lukwiya murió en 2006 y Otti falleció el año pasado. El TPI no ha publicado órdenes contra ningún comandante de las fuerzas ugandesas.