Actualizado 02/12/2008 12:39

HRW pide al Gobierno de Nigeria que investigue las muertes en Jos y persiga a los responsables de las mismas

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Nigeria debe investigar y perseguir a los responsables de la muerte de las 400 personas que han fallecido durante los últimos días de violencia en la ciudad nigeriana de Jos, según manifestó hoy la organización defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW).

El Gobierno federal debe establecer una investigación independiente para descubrir quién patrocinó y llevó a cabo las muertes, incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad que parece que han respondido a la violencia con un uso desproporcionado de la fuerza, según HRW, y además, el Gobierno debe adoptar medidas concretas para terminar con las políticas discriminatorias que tratan a los grupos como ciudadanos de segunda clase.

"El último brote de violencia no debe ser una sorpresa para las autoridades nigerianas", declaró la directora para África de HRW, Georgette Gagnon. "Es el resultado directo del fracaso del Gobierno para anticiparse al nivel de tensión étnica y religiosa en el estado de Plateau durante las últimas elecciones", añadió.

La violencia en Jos, la capital del estado de Plateau, situada en el centro de Nigeria, comenzó el pasado 28 de noviembre, después de unas disputadas elecciones locales en las que los seguidores del opositor Partido de Todos los Pueblos de Nigeria (ANPP) acusaron al gobernante Partido de la Democracia del Pueblo (PDP) de haber amañado los resultados electorales.

A partir de ese día y durante tres más, los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes dejaron varios centenares de muertos, de acuerdo con las fuentes locales en Jos. Además se produjo una destrucción generalizada en la que las multitudes quemaron casas, mezquitas e iglesias, y miles de residentes se han visto obligados a huir de sus hogares.

HRW también pide a las fuerzas de seguridad nigerianas que acaten los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. A las fuerzas estatales se les pide que apliquen modos no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza.

Cualquier orden que autorice el indiscriminado uso de la violencia por las fuerzas de seguridad, así como las órdenes de "disparar a la vista", violan estos principios, subraya HRW. La organización también pide al gobernador de este estado, Jonah Jang, que retire la orden emitida el pasado 29 de noviembre, que parece que autoriza este uso de la fuerza.

DIVIDIDA EN FRONTERAS ÉTNICAS Y RELIGIOSAS

Nigeria está dividida en fronteras étnicas y religiosas. Más de 12.000 personas han muerto en enfrentamientos étnicos o religiosos desde que terminara en 1999 el Gobierno militar, y en el estado de Plateau, en un brote de violencia sin precedentes, también en Jos al menos 1.000 personas murieron en septiembre de 2001. Más de 700 personas murieron en 2004 en los enfrentamientos que se produjeron en la ciudad de Yelwa, en el sur del estado de Plateau.

Las políticas gubernamentales que discriminan a los "no indígenas" --aquellas personas que no pueden trazar su línea genealógica hasta llegar a los habitantes originales de una zona--, subyacen en la mayoría de estos conflictos, señala la organización.

Los gobiernos locales en toda Nigeria han promulgado estas políticas, negando a los denominados como "no indígenas" el acceso a las posibilidades de movilidad socio-económica, se les niega el derecho a competir para alcanzar el puesto de funcionario y de becas, mientras las Universidades estatales someten a los 'no indígenas' a políticas de admisión discriminatorias.

En la ciudad de Jos, los miembros del grupo musulmán Hausa son denominados como 'no indígenas', a pesar de que han residido en la zona por varias generaciones. HRW ha pedido al Gobierno federal que apruebe una legislación que prohíba la discriminación en todas las áreas que no sean culturales o relacionadas a las instituciones políticas tradicionales.

"Estas políticas discriminatorias relegan a millones de nigerianos al estatus de ciudadanos de segunda clase, e incendian las llamas de la violencia étnica y religiosa", concluye Gagnon.