NUEVA YORK, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
Una nueva campaña antidroga anunciada el pasado 7 de noviembre por el primer ministro tailandés, Somchai Wongsawat, probablemente lleve a violaciones graves de los Derechos Humanos sin que se produzca un cambio en la política, según advierte hoy la organización defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW).
La organización pidió al Gobierno que termine con el tratamiento punitivo sobre los toxicómanos, y que realice reformas en la política, así como dar justicia a las cerca de 3.000 muertes extrajudiciales que se realizaron durante una campaña similar en 2003.
"El primer ministro dice que esta vez no se tolerarán los asesinatos, pero el Gobierno dijo lo mismo la última vez", declaró el director para Asia de HRW. "La credibilidad de Somchai está en juego", añadió.
En agosto de 2007, el Gobierno del general Surayud Chulanont nombró una comisión especial dirigida por el ex Fiscal General Janit Na Najon para investigar las muertes extrajudiciales que sucedieron en 2003 como parte de una "guerra contra las drogas" durante la Administración de Thaksin Shinawatra, explica HRW. Después de cinco meses de investigaciones, la comisión declaró que 2.819 personas habían muerto entre los meses de febrero y abril de ese año.
Muchos de los que murieron habían sido fichados por la Policía o por las autoridades locales como presuntos traficantes de drogas. Se cree que los oficiales de Policía estuvieron implicados en muchos de los ataques, ya que muchos murieron poco después de ser llamados a las comisarías para declarar, señala HRW.
"Muchos de los mismos sospechosos de las muertes y otros abusos durante la última 'guerra contra las drogas' siguen en posiciones de autoridad", señaló Adams. "El Gobierno debe juzgar y disciplinar a los implicados en anteriores abusos e iniciar reformes antes de pedir a la Policía que realice otra campaña. De otra forma, morirán más personas", añadió Adams.
En un signo esperanzador, el capitán de Policía Nat Chonnithiwanit y otros siete miembros de la unidad de la Patrulla Policial Fronteriza, que hace tres años empleó el secuestro y la tortura para sacar confesiones de los presuntos traficantes de drogas, fueron arrestados el pasado mes de enero y acusados de conspiración criminal, robo armado, amenazas con armas y secuestro de menores de 15 años, entre otros cargos.
La publicación de los detalles de estos delitos obligaron a las autoridades tailandesas a reabrir los casos de aquellos que fueron arrestados bajo cargos de narcotráfico por Nat. Hasta la fecha, 61 personas han formulado quejas formales en el Ministerio de Justicia alegando que ellos o sus familiares sufrieron abusos por miembros de esta unidad fronteriza bajo el gobierno de Nat.
Dada la pobre cifra de Tailandia con respecto a la coacción en los tratamientos de droga, el comunicado de Suthiklom expresa sus preocupaciones. Desde 2003, miles de personas han sido obligadas a permanecer en centros de rehabilitación dirigidos por fuerzas de seguridad sin una evaluación clínica que asegure que son efectivamente drogodependientes, según HRW.
El tratamiento coercitivo de Tailandia, así como su política de rehabilitación, ha tenido consecuencias a largo plazo sobre la salud y los Derechos Humanos de los consumidores de drogas, mientras muchos continúan evitando un tratamiento para su adicción así como los servicios sanitarios patrocinados por el Gobierno debido al miedo al arresto o a la acción de la Policía, añade la organización.
"Obligar a los consumidores de drogas a entrar en progrmas de rehabilitación mal diseñados es incompatible con los niveles internacionales que requieren el consentimiento después de estar plenamente informado del tratamiento", señaló Adams.
