ONG denuncian que la UE "menoscabará su mandato de protección de derechos" con la directiva de retorno para inmigrantes

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados (ECRE) y Amnistía Internacional denunciaron hoy el Parlamento Europeo y los Estados miembros "menoscabarán su propio mandato de protección de los derechos humanos" si aprueba el borrador de la Directiva de Retorno de inmigrantes con su redactado actual.

Representantes de los Estados miembros se reunirán mañana para buscar un acuerdo sobre las reglas comunes para el retorno de personas que viven en Europa en situación irregular, un convenio habrá de tomar forma de directiva y que podría suponer un endurecimiento de las condiciones de los inmigrantes en situación irregular que se encuentren en territorio europeo.

Entre otras medidas, el borrador contempla la ampliación del plazo máximo de retención de irregulares, posibilidad de internar a menores extranjeros en los centros y expulsiones con prohibición de retorno de hasta cinco años.

Es por ello que las ONG instan al Parlamento Europeo a "trabajar para mejorar el texto" porque reconocen que, si bien Europa "necesita una Directiva de Retorno", esta no debe ser "a cualquier precio".

"Estamos especialmente preocupados por la excesiva duración de los periodos de detención en esta Directiva y por la falta de oportunidades reales para que los migrantes retornen por su propia voluntad antes de ser retornados por la fuerza", explicó el secretario general de ECRE, Bjarte Vandvik, quien tildó la medida de "excesiva y desproporcionada" porque se trata de personas que "no han cometido ningún delito".

"Si este texto acordado sigue adelante, la Directiva permitiría que familias con niños y menores no acompañados fueran detenidos por un periodo de hasta 18 meses y en algunos casos en prisiones comunes", denuncia la organización.

Respecto a las prohibiciones de entrada al territorio europero para quienes han sido expulsados, Amnistía Internacional y ECRE consideran que se trata de un instrumento "inapropiado" porque "no tiene en cuenta el cambio de las circunstancias en los países de origen y los consecuentes cambios en las necesidades de protección internacional de las personas".

Por todo ello, solicitan a los europarlamentarios que rechacen todas estas medidas y aseguren de manera efectiva la prioridad del retorno voluntario sobre el retorno forzado.