MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
La ONG SOS Racismo y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) lamentaron hoy que el Gobierno estudie aplicar medidas para incentivar el retorno de los extranjeros que pierdan su empleo en lugar de incentivar que encuentren uno nuevo.
En declaraciones a Europa Press el presidente de CEAR, Mauricio Valiente, valoró que capitalizar el subsidio por desempleo "parece una medida a ofrecer como alternativa a los inmigrantes, que puede contribuir a que decidan libremente cual es su futuro". Sin embargo, matizó que debe aplicarse respetando "los extranjeros pueden renovar su residencia cuando tienen derecho a cobrar el paro", de acuerdo a la legislación vigente.
"Con lo que supone un proyecto migratorio, de desplazamiento y desarraigo, ésta no va a ser la opción mayoritaria", en opinión de Valiente, para quien sería más adecuado "aplicar políticas de empleo que enmarquen al conjunto de los trabajadores"
Respecto al resto de alusiones que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo hoy en su discurso de investidura a la política de inmigración de la presente Legislatura, Valiente destacó dos cuestiones "por omisión: que no se haya hecho referencia al asilo y la aplicación de las directivas europeas (...) y que no se haya anunciado un compromiso de España con los refugiados para asumir una cuota de reasentamiento conforme a los requerimientos que está haciendo ACNUR".
Por su parte, el portavoz de SOS Racismo, Javier Ramírez, denunció que con esta iniciativa "se incentiva la vuelta al país de origen y no la búsqueda de un nuevo trabajo" aunque "mientras no sea un chantaje" la propuesta de capitalizar el subsidio "en principio, y sin más información que el discurso de investidura, no tendría problema".
Ramírez aludió también a las palabras del presidente del Gobierno sobre la igualdad de derechos entre ciudadanos independientemente de su procedencia y afirmó que esta visión del fenómeno migratorio "no debe plasmarse sólo en los papeles" porque "el mayor problema" en España "se encuentra en el ejercicio de los derechos y el acceso a los mismos, no en su reconocimiento formal".
En este sentido, reivindicó el reconocimiento a los inmigrantes de los mismos derechos "políticos y civiles" del resto de la ciudadanía y, en concreto, el derecho al voto.
