MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Papers i Drets per a Tothom organizará este sábado una manifestación a las puertas de la Delegación del Gobierno en Barcelona para denunciar que España "está denegando el permiso de residencia a todos los pakistanís desde el 7 de julio", según explicó a Europa Press el vicepresidente del colectivo, Ibrar Bukhari, quien estima que en el último mes, se han rechazado hasta 4.000 solicitudes "sin motivo".
Entre los requisitos para solicitar el permiso de residencia en España figura un certificado que acredite que el extranjero no tiene antecedentes penales por delitos cometidos en su país de origen. El problema es que, según Bukhari, desde julio, el Gobierno exige que este documento esté expedido por una autoridad nacional y en Pakistán, como en Bangladesh o en India, son las policías provinciales quienes emiten los papeles.
"La Delegación del Gobierno dice que no a todos los documentos de los pakistanís porque no están expedidos por policía nacional, sino regional y eso no tiene sentido (...) porque no va a venir España a cambiar el sistema de Pakistán", denunció el representante del colectivo.
Además, la asociación denuncia que hasta hace un mes, estos certificados se consideraban válidos porque, pese a ser provinciales, están sellados por el ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán y de la Embajada de España en aquel país, por lo que Bukhari afirma que se trata de un "pretexto" para cerrar las fronteras ahora que la "mano de obra barata es menos necesaria".
"España tiene cuatro consulados en Pakistán y una Embajada en Islamabad así que puede saber quién tiene y quién no tiene antecedentes penales y puede saber que allí los certificados son de la policia territorial", denuncia Bukhari.
Los solicitantes, según la asociación, cumplen los demás requisitos para obtener la residencia por arraigo o por motivos laborales, ya que en la mayoría de los casos "están trabajando desde hace años en la economía sumergida y tienen contrato" aunque no puedan regularizarlo porque no se admite como válido su certificado de penales.
El representante del colectivo afirma que las denegaciones se han ido produciendo de forma progresiva porque según ha constatado la asociación, primero comenzaron a rechazar estos documentos en Madrid, después en Valencia y finalmente, en el resto del territorio nacional. "La última en denegar ha sido Barcelona", aseguró.
