Zapatero destaca que el Pacto representa el "marco definitivo común" de la política migratoria de la UE
BRUSELAS, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete ratificaron hoy en la cumbre de Bruselas el Pacto Europeo de Inmigración promovido por la presidencia francesa, cuyo objetivo es reforzar la lucha contra la inmigración ilegal a escala comunitaria y organizar mejor la inmigración legal.
El Pacto será a partir de ahora "la base de una política de inmigración y de asilo común, guiada por un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros y de cooperación con los países terceros", según se recoge en las conclusiones de la cumbre. Esta política común "debe reposar sobre una buena gestión de los flujos migratorios, en interés no sólo de los países de acogida sino también de los países de origen y del propio inmigrante".
A partir de ahora, el Pacto se traducirá en una serie de medidas concretas que deben desarrollarse tanto a nivel de la UE como de los Estados miembros. Su puesta en práctica será analizada por los líderes europeos anualmente a partir de la cumbre de junio de 2010, bajo presidencia española de la UE.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se felicitó por el acuerdo de los líderes europeos y dijo que el Pacto representa el "marco definitivo común" de la política migratoria de la UE. Resaltó que conjuga por un lado la "solidaridad" entre los Estados miembros y por otro la "cooperación" con los países de origen. En el mismo sentido se expresó el presidente francés, Nicolás Sarkozy, que dijo que el Pacto es "indispensable" para Europa.
Por su parte, tanto el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, como el ministro de Asuntos Exteriores, Franco Frattini, celebraron la adopción del Pacto porque habrá un "control europeo de los flujos migratorios". Se trata de una cuestión "que ya no será atribuible a acciones bilaterales, sino a la obligación de todos los Estados miembros de trabajar juntos en el control y prevención de la inmigración irregular", explicó Frattini.
'Il Cavaliere' subrayó que se trata de un "acuerdo europeo", con normas "idénticas" para todos los países y, por tanto, "no podrá haber más discusiones ni polémica sobre el hecho de que Italia u otro país tiene normas más restrictivas o menos respetuosas de los derechos de los clandestinos".
El Pacto europeo pide a los Estados miembros limitarse a las regularizaciones "caso por caso y no generales, en el marco de las legislaciones nacionales por motivos humanitarios y económicos".
Además, invita a los países de la UE a poner en marcha "políticas ambiciosas para favorecer la integración armónica en sus países de acogida de los inmigrantes, con la perspectiva de que se instalen de manera duradera".
Estas políticas, deben descansar en el equilibrio de los "derechos" de los inmigrantes, como el acceso a la educación, al trabajo, la seguridad y a los servicios públicos y sociales, y de sus "deberes", entre los que menciona el respeto a "las leyes del país de acogida".
Comporta también medidas específicas para favorecer "el aprendizaje de la lengua y el acceso al empleo, factores esenciales de la integración" y pondrán igualmente el acento en el respeto a las "identidades" de los Estados miembros de la UE, así como a sus "valores fundamentales", como los derechos humanos, la libertad de opinión, la tolerancia, la igualdad entre hombres y mujeres y la obligación de escolarizar a sus hijos.
Respecto a la reagrupación familiar, se pretende que los Estados tengan en cuenta sus capacidades de acogida e integración respecto a las familias, en función de los recursos de éstas, de sus posibilidades de alojamiento en el país de destino y, por ejemplo, su conocimiento de la lengua.
EXPULSIONES El Pacto refleja la necesidad de luchar contra la inmigración ilegal, básicamente garantizando el regreso de los irregulares a sus países de origen o tránsito y pide cooperación entre los Estados miembros para que los extranjeros en situación irregular abandonen el territorio.
Todo ello se argumenta porque la Unión Europea no tiene los medios para acoger dignamente a todos los inmigrantes y advierte de que una inmigración mal gestionada puede afectar a la cohesión social del país de destino. En este sentido, reclama tener en cuenta las capacidades de acogida del mercado de trabajo, los servicios sanitarios, escolares y sociales.
Recuerda que el comportamiento de un Estado "puede afectar a los intereses de los otros" y que, por tanto, es "imperativo" que cada Estado miembro tenga en cuenta los intereses de sus socios en la definición y aplicación de sus políticas de inmigración, integración y asilo.
Igualmente, resalta que las migraciones internacionales pueden ser una oportunidad porque son "un factor de intercambio humano y económico" y "contribuyen al crecimiento económico" de la UE y de sus Estados miembros.
Quiere que los países tengan dispositivos nacionales para el regreso voluntario de los irregulares, y en el ámbito del refuerzo de las fronteras exteriores, que como muy tarde se generalice el uso de visados biométricos el 1 de enero de 2012 y se refuercen los medios de Frontex, la Agencia europea de fronteras exteriores. Y se inclina por poner en marcha un registro electrónico de entradas y salidas igualmente a partir de 2012.
