La afiliada a EUPV imputada por participar en una campaña sobre el aborto se niega a declarar ante el juez

VALENCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La afiliada a EUPV y sindicalista de CCOO-PV, María José Contreras, imputada por un presunto delito de aborto, después de participar el mes de febrero pasado en una campaña en la que se presentaron autoinculpaciones simbólicas para exigir la despenalización del aborto, se negó hoy a declarar ante el titular del juzgado de instrucción número 19 de Valencia, según informaron en un comunicado fuentes de la formación política.

Contreras, que ya fue interrogada por la policía durante la campaña de las elecciones generales en las que concurría como candidata de EUPV, estuvo acompañada esta mañana por alrededor de 500 personas, todas ellas concentradas a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde le mostraron su solidaridad y exigieron la despenalización del aborto.

La militante de EUPV se acogió a su derecho de no declarar, porque, a su entender, este asunto es "íntimo". A pesar de ello, y aunque desde un primer momento le comunicó al juez que no iba a prestar declaración, éste, criticó, continuó haciéndole preguntas "sin parar". Lamentó, además, que este juzgado haya sido el "único" que ha llamado a declarar a una mujer por este asunto, algo "increíble en pleno siglo XXI".

Por su parte, la coordinadora de EUPV, Glòria Marcos, mostró su apoyo "absoluto" a Contreras, y afirmó que el hecho de que el magistrado la haya citado a declarar es una "prueba más" de que esta actuación judicial "es totalmente política y que viene de la derecha más rancia".

Marcos aseveró que lo que le está pasando a Contreras es un "símbolo" de la "necesidad urgente" de abordar una reforma en el Código Penal para despenalizar el aborto. Al respecto, recordó que todos los países europeos, a excepción de Irlanda, ya tienen una ley de términos "plenamente respetuosa" con la libertad de la mujer a la hora de decidir sobre su propia maternidad.

Insistió en que su formación no se detendrá hasta que se cumpla el derecho de las mujeres a decidir, porque esta situación, lamentó, "genera una inseguridad jurídica en las mujeres en el mundo sanitario", dijo.