BRUSELAS, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea no ve motivos para modificar la normativa comunitaria sobre libertad de circulación y de residencia, que afecta a las reglas de reagrupamiento familiar, pero admite que son necesarias "nuevas orientaciones" que aclaren a los Estados miembros su aplicación y evitar así "abusos" como el de los matrimonios de conveniencia, según un informe publicado hoy por el Ejecutivo comunitario.
El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, Jacques Barrot, afirmó en rueda de prensa que sería "inútil y peligroso" reabrir las discusiones "sobre el contenido" de esta norma.
No obstante, reconoció que "hay que aclarar" mediante directrices la "buena aplicación" de determinados artículos como, por ejemplo, el que permite a un Estado miembro expulsar a un nacional de otro país comunitario por "motivos muy concretos, que vamos a dilucidar". La Comisión prevé publicar las directrices sobre los problemas de aplicación en el primer semestre de 2009.
Según defendió el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, esta norma es "completa y equilibrada" y aseguró que la Comisión "va a demostrar" que "es posible luchar contra los matrimonios de conveniencia sin poner en tela de juicio la directiva". "Tenemos los medios de luchar contra los abusos y lo vamos a poner de forma más explícita", añadió.
A través de un comunicado, Bruselas precisó que, tras el informe sobre el grado de aplicación de la normativa por parte de cada Estado miembro, "continuará trabajando" con los países comunitarios ya que esta metodología le ha permitido "identificar varios problemas", especialmente en relación a "cuestiones penales y de abuso de derecho".
El estudio publicado este miércoles concluye que la transposición general de la normativa es "más bien decepcionante" y resume los pasos que tomará la Comisión para velar por que los Estados miembros mejoren sus normativas y prácticas administrativas para que los derechos de los ciudadanos de la UE no se vean obstaculizados.
La directiva que ha sido objeto del informe confiere a los ciudadanos de la Unión y a sus familias el derecho de residencia permanente una vez transcurridos cinco años de residencia en el Estado miembro de acogida y amplía, en determinadas condiciones, el derecho a al reunificación familiar a las uniones de hecho registradas.
Los Veintisiete deberían haber acometido la transposición a sus respectivas legislaciones nacionales antes del 30 de abril de 2006. Sin embargo, tras dos años y medio el resultado es "decepcionante" porque ninguno de los Estados miembros ha completado la transposición. Sólo siete países, entre ellos España, han adoptado correctamente más del 85% de las disposiciones de la norma comunitaria.
En este sentido, Barrot apuntó que el informe "abre la vía del diálogo" con los Estados miembros "antes de (llegar a iniciar) procedimientos de infracción".
