MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso debatirá y votará hoy una iniciativa del Partido Popular en la que solicita levantar "de forma inmediata" la moratoria que impide la libre entrada de trabajadores rumanos y búlgaros en España.
Los 'populares' recuerdan que los ciudadanos de Rumania y Bulgaria, pese a formar parte de la Unión Europea desde el 1 de enero de 2007, no pueden trabajar libremente en España debido a la limitación de dos años impuesta por el Gobierno socialista para evitar otro "efectos llamada como el ocurrido durante la regularización masiva de 2005".
La propuesta, recogida por Europa Press, afirma que los trabajadores de estos países que llegan a España y quieren trabajar "deben cumplir prácticamente los mismos requisitos que los inmigrantes de países ajenos a la UE". "Son tratados como ciudadanos extracomunitarios, y a pesar de ser miembros de la Unión Europea, son considerados como ciudadanos de segunda", sentencia.
TRABAJAR EN LA CLANDESTINIDAD
El PP denuncia que esta situación lleva "a muchos de estos inmigrantes a trabajar en la clandestinidad o como autónomos, en general en condiciones de precariedad". Asimismo, destaca que los rumanos y búlgaros empadronados en España en aumentaron en 2007 en más de 200.000 personas, situándose en cerca de 730.000, según el Padrón Municipal de enero de 2008, lo que les convierte por primera vez en el colectivo más numeroso.
Por su parte, las asociaciones de rumanos y búlgaros en España han denunciado en reiteradas ocasiones que esta restricción del Gobierno de Zapatero aboca a estos ciudadanos a trabajar de manera ilegal y a sufrir largos procesos burocráticos para regularizar su situación de trabajo y residencia en España.
Por todo ello, el Grupo Popular pide al Gobierno que no agote el plazo de dos años establecido por la moratoria, y añade que los búlgaros y rumanos son "ciudadanos europeos de pleno derecho".
Al igual que España, otros países de la Unión Europea como Francia, Reino Unido e Irlanda impusieron en enero de 2007 medidas para frenar posible llegada masiva de trabajadores búlgaros y rumanos. En cualquier caso, España deberá suspender el 1 de enero de 2009 dicha moratoria, tal y como se comprometió el entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.
