CÓRDOBA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
La vista oral sobre el caso en el que el ministerio fiscal pide dos años de cárcel para A.M.O., médico especialista en obstetricia y ginecología perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), por un delito de homicidio imprudente contra un recién nacido, se reanudará hoy tras suspenderse en diciembre por la falta de un testigo que el juez consideraba esencial.
No obstante, el acusado sí llego a declarar en la primera sesión y afirmó que desde un primer momento actuó equivocado porque le cambiaron los resultados en un análisis sobre el RH de la madre.
Según la calificación del fiscal, en enero de 1995 una mujer ingresó en el servicio de tocología del Hospital Reina Sofía de Córdoba con un embarazo a término, produciéndose el parto de un varón de grupo sanguíneo A+, mientras que la madre es A negativo. Por este motivo, se hizo un test de Coombs, que dio positivo, ya que había existido un contacto de la sangre fetal con la sangre materna, que supone la isoinmunización de la madre.
Este mismo resultado volvió a darse posteriormente en noviembre y diciembre de 2003 cuando la mujer quedó de nuevo embarazada, quien acudió a revisión con el acusado hasta en cinco ocasiones, hasta que el 26 de mayo de 2004 la embarazada acudió al servicio de urgencias del Hospital Reina Sofía, donde se procedió a la inducción del parto, dando lugar al nacimiento de un varón que presentó un cuadro de shock por anemia hemolítica. El bebé fue ingresado en la unidad de neonatología hasta que el día 7 de agosto de 2004 se produjo su fallecimiento.
Según el escrito del fiscal, desde el 23 de diciembre de 2003 no se volvió a practicar ningún nuevo test de Coombs ni ninguna otra prueba para la confección del historial del embarazo, ni ningún tratamiento para evitar la muerte del feto.
El fiscal señala que tampoco se derivó el embarazo al Departamento Especializado de Embarazos de Alto Riesgo del Hospital Reina Sofía y no se realizaron los controles y pruebas complementarias recomendadas.
Por su lado, el médico manifestó que la madre estuvo varias veces en la consulta y no le comentó que tenía antecedentes de isoinmunización y que el único medio del que disponía él era la cartilla de maternidad, en la que figuraba Rh positivo.
Por tales hechos, el ministerio público pide además la pena de tres años de inhabilitación para el ejercicio de profesión médica.
