MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha puesto en marcha un comité de expertos, "con un perfil académico e independiente", para revisar en un plazo de seis meses la Ley de Dependencia y hacer las propuestas necesarias que garantizar la sostenibilidad del sistema de atención a las personas dependientes, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias. El equipo está formado por dos catedráticos, dos profesores de universidad y una ex alto cargo de la Generalitat de Cataluña.
De este modo se da cumplimiento a un mandato del Congreso, aprobado a mediados del mes pasado, que instaba al Gobierno a crear un equipo de trabajo que presentara antes de junio de 2009 un informe sobre la aplicación de la norma, que entró en vigor en enero de 2007.
La iniciativa fue propuesta por CiU y contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, que se abstuvo en la votación argumentando que "primero el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte debería presentar los informes que establece la ley".
El diputado 'popular' Miguel Barrachina recordó que la norma obliga a realizar un estudio anual sobre el desarrollo de la propia ley, y denunció que el Gobierno "no ha informado ninguno de los dos informes que debería haber elaborado".
PROFESORES Y GESTORA
Este equipo de trabajo, que comenzará a trabajar "en breve", está compuesto por el catedrático de Sociología de la Universidad de Alcalá de Henares, Gregorio Rodríguez Cabrero; el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, Guillermo López Casasnovas; y los profesores de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid, Simon Sosvilla y José Antonio Herce.
La ex directora de servicios sociales de la Generalitat de Cataluña entre 1999 y 2003 y actual directora del Área Social y Sociosanitaria de Antares Consulting, Montserrat Cervera, también forma parte de este grupo de expertos.
Estas mismas fuentes destacaron que se ha buscado a "especialistas independientes y de reconocido prestigio", que no hayan estado implicados en el desarrollo de la ley desde las administraciones, en empresas del sector, en asociaciones de beneficiarios o en sindicatos.
El mandato del Congreso contempla que se hagan las "modificaciones normativas" necesarias para adecuar los servicios y las prestaciones que establece la ley a los "parámetros de eficacia, calidad, equidad, sostenibilidad financiera y pleno respeto al marco competencial de las comunidades autónomas". El Gobierno deberá presentar las conclusiones de este comité de expertos en la Cámara en un plazo de seis meses.