MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Estado de Política Social, Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce, advirtió hoy de que en políticas sociales y, en concreto, en el desarrollo de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia no caben "ni retrasos, ni recortes".
Así lo manifestó la secretaria de Estado, en el marco de la 'Conferencia-desayuno del Foro de la Nueva Sociedad', celebrado en Madrid, donde insistió que, "en este momento de crisis económica, es cuando se necesitan más las políticas sociales", para añadir que el Sistema de Dependencia "activa la protección social, la economía y el empleo".
En este sentido, afirmó que para el próximo año el Gobierno calcula que el empleo acumulado en los servicios sociales, según las altas en Seguridad Social, tiene un incremento del 29 por ciento, es decir, que de media anual estrá en torno al 15 por ciento. "Estamos hablando entre 70.000 y 80.000 empleos, que es un cantidad muy importante", subrayó.
Asimismo, señaló que "es necesario hacer un esfuerzo" en el ámbito educativo mediante la oferta de formación profesional dirigida a la población joven que ha abandonado el sistema educativo y orientada a los servicios sociales, que, a su juicio, "es un sector emergente en España".
Sobre la próxima Conferencia Territorial de Dependencia, que tendrá lugar el próximo jueves, la secretaria de Estado adelantó que los consejeros autonómicos analizarán los acuerdos que se refieren a la acreditación de centros, "para garantizar la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos al amparo de la Ley de Dependencia", y la coparticipación de los beneficiarios en los servicios y prestaciones de la norma.
Respecto al segundo acuerdo, conocido como 'copago', indicó que tiene como objetivo que "ningún ciudadano quede desprovisto de los servicios de la ley por falta de recursos económicos". Así, señaló que se van a establecer una serie de criterios en función de la renta y del patrimonio de los beneficiarios para que puedan hacer aportaciones "suficientes, justas y progresivas" a los servicios que reciben.
Asimismo, en cuanto a las plazas residenciales, Valcarce afirmó que, si bien las comunidades autónomas son las que tienen las competencias exclusivas en esta materia, la mayoría han tomado la decisión estratégica de concertar las plazas que ya están disponibles en el mercado. "Hay que hacer un gran contrato-programa para sumar esfuerzos en una financiación que nos permita, en cinco años, garantizar las plazas que se necesitan", recordó.
EL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Valcarce apuntó, asimismo, sobre la atención al empleo de las personas con discapacidad que "es una prioridad" para el Gobierno en esta Legislatura, ya que sólo el 4,1 por ciento de los discapacitados en España, entre 16 y 64 años, está ocupado.
Por ello, señaló que el Gobierno destinará para la Estrategia Global de Empleo de Personas con Discapacidad 3.700 millones de euros en el periodo 2008-2012. "Esta iniciativa tiene como objetivo la educación, formación en nuevas tecnologías de este colectivo, con una especial atención a las mujeres y la bonificación a las empresas que contraten a estas personas", subrayó.
Sobre las políticas de integración social del pueblo gitano, reconoció que "todavía queda mucho por hacer", para añadir que "este colectivo necesita políticas específicas" y "medidas orientadas al empleo", a pesar de que se constituyera el Consejo Estatal del Pueblo Gitano para el seguimiento de políticas públicas orientadas a esta población.
CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR
Por último, en cuanto a las familias, Valcarce señaló que su Departamento trabaja por la conciliación laboral y familiar de los padres, mediante el incremento de las plazas públicas en guarderías para los menores de cero a tres años (Plan Educa 3). "Las comunidades tienen las competencias exclusivas en materia educativa y, por tanto, tienen que utilizar sus recursos para potenciar los servicios de atención a estos niños", indicó.
Dentro del paquete de ayudas a la familia, recordó las ayudas a las familias numerosas, aprobadas en el pasado Consejo de Ministros, como son las prestaciones para libros de texto y el transporte. Sobre esto último, explicó que "a cualquier reducción que un ciudadano pudiera tener, se suma la reducción por ser familia numerosa".