MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -
La destrucción del arsenal de bombas de racimo con el que cuenta España tendrá un coste estimado de unos "dos millones de euros", indicó hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
De la Vega saludó el acuerdo alcanzado esta semana en Dublín por más de 100 países sobre un tratado internacional para prohibir y eliminar este tipo de municiones, que han causado "estragos en muchos inocentes y en muchas partes del mundo".
La portavoz del Ejecutivo aseguró que el Gobierno asume "con satisfacción" y "responsabilidad" la obligación que se deriva de esta convención a la que se ha sumado España y que obligará a prohibir las dos bombas de racimo que se fabrican en el país (la BME-330 de Expal, y la MAT-120 de Instalaza) y a eliminar los arsenales con que cuenta el Ejército.
En este sentido, indicó que el Ministerio de Defensa está elaborando un informe sobre el "alcance de la prohibición" a la industria armamentística española con el objetivo de "cumplir estrictamente el tratado y la Ley de Control de Armas" aprobada en la legislatura pasada.
La vicepresidenta confió en que España no tenga que "agotar" el plazo de ocho años que el tratado internacional da a los países para cumplirlo y señaló que la intención del Gobierno es "adaptar" la industria armamentística, tanto en la producción como en la exportación, al tratado internacional "en cuanto se ratifique".
De la Vega aseguró que el contenido del tratado coincide con el "principio esencial" que guía la acción del Gobierno en materia de Defensa y que tiene que ver con aunar la "máxima protección de la protección civil en conflictos bélicos y en tareas de defensa" con un "respeto escrupuloso de los convenios internacionales" y un "refuerzo" de las capacidades militares para que los soldados españoles "trabajen con la máxima seguridad" y para que España "esté bien defendida".
Las municiones de racimo, al explotar en el aire, diseminan cientos de pequeñas bombas en una amplia zona, las cuales a menudo no llegan a detonar, por lo que crean pequeños campos de minas que pueden causar la muerte o herir a cualquiera que las encuentre más tarde. Del total de bajas causadas por este tipo de munición, el 98 por ciento son civiles.
El Ejecutivo destinó en los últimos cuatro años 3,18 millones de euros a procesos de compra y mantenimiento de municiones de este tipo, según documentos oficiales consultados por Europa Press.
