MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
La organización Human Righs Watch (HRW) ha afirmado este viernes que la nueva ley contra la ciberdelincuencia de Filipinas da un poder "excesivo" y "sin restricciones" a las autoridades para cerrar páginas web y supervisar información en Internet.
La nueva ley, que fue firmada por el presidente filipino, Benigno Aquino, el pasado 12 de septiembre, "aumenta drásticamente las penas por difamación", ha destacado HRW en un comunicado.
Esas penas constituyen "una grave amenaza a la libertad de expresión en Filipinas", según la ONG. La ley ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo porque, según los demandantes, atenta contra ese derecho reconocido en la Constitución.
El director de HRW en Asia, Brad Adams, ha indicado que "la ley contra la ciberdelincuencia debe ser derogada o sustituida" porque "viola el derecho de los filipinos a la libertad de expresión y es totalmente incompatible con las obligaciones del Gobierno según el Derecho Internacional".
El texto legislativo prohíbe, entre otras cosas, el cibersexo, la pornografía infantil en Internet, el acceso ilegal a sistemas informáticos, el robo de identidades 'online' y el envío de 'spam' (correo basura).
PENAS MÁS DURAS POR DIFAMACIÓN
Respecto al delito de difamación, que ya estaba incluido en el Código Penal, dice que ahora también se considerará que se puede cometer "mediante un sistema informático o cualquier medio similar".
El castigo mínimo que se puede imponer se ha multiplicado por doce, de seis meses a seis años de cárcel, mientras que la pena máxima se ha duplicado, de seis a doce años.
Adams ha señalado que "cualquier persona que utilice las redes sociales o que publique cosas en Internet corre el riesgo de ser condenada a una larga pena de prisión en caso de que una persona que lo haya leído, por ejemplo miembros de las autoridades, presente una denuncia por difamación".
HRW ha pedido al Gobierno filipino que derogue también la ley contra la difamación. El Gobierno de Aquino no se ha mostrado muy favorable a apoyar una proposición de ley presentada en el Congreso para despenalizar la difamación.
DISUASIÓN
Por otro lado, la nueva ley atribuye nuevas competencias al Ministerio de Justicia, que puede, por su propia iniciativa y sin necesidad de una orden judicial, ordenar el cierre de cualquier página web si cree que está incumpliendo la ley. Asimismo, autoriza a la Policía a obtener datos de ordenadores en tiempo real sin una orden judicial.
"Cuando los ciudadanos pueden ser encarcelados por quejarse de la actuación de las autoridades, de la corrupción o de prácticas empresariales abusivas, otras personas toman nota y es menos probable que se atrevan a llamar la atención sobre esos problemas, lo cual hace difícil que haya un gobierno y una sociedad civil efectivos", ha concluido la organización.
Varios periodistas filipinos han ingresado en prisión en los últimos años tras ser condenados por difamación. "Mientras esté en vigor, la nueva ley contra la ciberdelincuencia tendrá un efecto pavoroso en toda la comunidad 'online' de Filipinas", ha advertido Adams.
