Más de 45.000 personas piden la prohibición de la entrada de madera ilegal en España

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 45.000 personas se han adherido al manifiesto de la organización ecologista Greenpeace para solicitar a la Federación Española de Municipios y Provincias (FMP) su apoyo contra la entrada en España de madera procedente de la destrucción y tala masiva de bosques, según informó hoy esta ONG en un comunicado.

Con la entrega de las firmas al presidente de la FEMP, Pedro Castro Vázquez, Greenpeace reclama "una acción decidida que evite la utilización de madera ilegal en las obras, suministros y servicios en los municipios españoles".

Así, el responsable de la campaña de Bosques de la asociación, Miguel Ángel Soto, denuncia que "más de un 30 por ciento de las importaciones españolas de madera proceden de talas ilegales en la Amazonia, África Tropical, el Sureste Asiático, Europa Oriental y Rusia".

Además, recuerda que la semana pasada fueron entregadas al comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dumas, otras 66.000 firmas recogidas en toda Europa, por las que solicita una Ley que prohíba el comercio de madera y productos derivados procedentes de talas ilegales.

"La demanda de madera y papel baratos está alimentando la destrucción de los bosques, contribuyendo a la pérdida de biodiversidad y agravando el cambio climático, y denunció que la madera de origen ilegal importada supone una competencia desleal con la producción de los montes españoles". explica Soto.

En este sentido, subraya que cada año la Unión Europea importa "millones de toneladas" de regiones donde la "tala ilegal y destructiva" es un "problema grave". A su juicio, esa práctica supone una pérdida "irreparable" de biodiversidad y culturas indígenas, y son "antesala" de la deforestación que causa la emisión a la atmósfera de "casi un quinto de los gases de efecto invernadero en todo el mundo".

Finalmente, recuerda que, según datos del Banco Mundial, las talas ilegales provocan en los países productores pérdidas de hasta 10.000 millones de euros anuales, lo que implica una "importante reducción de fondos para servicios sociales y esfuerzos por reducir la pobreza".