Murillo pide a los gobiernos que distingan entre religión y derechos humanos, en el día contra la Mutilación Genital

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, pidió hoy a los gobiernos de la comunidad internacional que distingan entre religión, cultura y derechos humanos porque "la tradición" no puede socavar la libertad de las mujeres, coincidiendo con la conmemoración mañana, del Día Internacional de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina (MGF).

"Que haya un día contra la ablación nos da la oportunidad de ponerlo encima de la mesa y hacer un balance, pero es importante también que los gobiernos se comprometan a plantear que la religión y las tradiciones en ningún caso pueden atentar contra los derechos humanos y esto hay que constatarlo siempre", apuntó en declaraciones a Europa Press.

Murillo denunció que en este caso, "la tradición y las prácticas religiosas de nuevo recaen sobre las mujeres", lo que a su juicio "es una constante en cualquier ámbito, bien sea en la mutilación genital, bien sea en el portar símbolos religiosos, bien sea el mantenimiento del pudor o la decencia" por lo que, afirmó, "tenemos que empezar a distinguirlo cada vez que se habla del derecho de respeto a otras culturas".

Según explicó, lo más complicado para erradicar esta práctica es "hacer entender a los padres y madres de estas niñas que la mutilación genital no es una práctica cultural" y, por ende, "hacerlo entender también a los gobiernos", lo que supone "un enorme problema porque se considera un conflicto de cultura y, la mayoría de las veces una injerencia y una incomprensión".

"Este es un debate que tenemos en todos los países, también en los europeos con respecto a otras prácticas", apostilló la secretaria de Igualdad, para quien lo fundamental es evitar que "se vuelva a mantener un relativismo cultural" en este asunto y "alzar una voz de alarma" cada vez que eso ocurra.

España modificó en 2003 el Código Penal para incluir, en los artículos 149 y 150, que castigan la mutilación de cualquier parte del cuerpo, una referencia específica a la ablación que contempla penas de entre seis meses y hasta doce años y retirada de la patria potestad. Además, en 2005 se reformó la Ley del Poder Judicial, por lo que estos delitos pueden ser perseguidos de forma extraterritorial cuando quien los acometa sea un residente.

"Tenemos que plantear es que las niñas y los padres de las niñas que estén aquí tienen que cumplir nuestras leyes sin excepción y recordar que estando aquí como residentes no pueden ir a hacerlo a su país porque también lo perseguimos como delito", incidió Murillo.

La mutilación genital femenina tiene su origen en el antiguo Egipto y en la actualidad se practica en distintas comunidades del África Subsahariana y Asia meridional. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, entre cien y 140 millones de mujeres tienen parte de los genitales amputados y unos tres millones de niñas en el mundo corren el riesgo de sufrir esta agresión por parte de sus familiares, también en países industrializados, adonde la práctica llegó en los ochenta y en forma de movimientos migratorios.