Actualizado 29/10/2008 14:16

PP asegura que la Administración murciana "ya cuenta con ayudas para todas las personas en riesgo de exclusión social"

CARTAGENA (MURCIA), 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP, Severa González, aseguró hoy que la Administración regional de Murcia administra media docena de líneas de ayuda que se extienden a caso 20.000 personas con falta de recursos, entre ellas las 14.336 que cobran pensiones no contributivas, pero también a 356 que cobran del Estado del fondo de asistencia nacional y las 4020 con asignaciones estatales a discapacitados.

González capitaneó el rechazo del PP a una moción del PSOE pidiendo una ayuda extraordinaria a las personas que cobran una pensión no contributiva. La negativa se produjo porque, según González, "hay líneas de ayuda suficientes para todas las personas en riesgo de exclusión social.

La iniciativa partió de María Dolores Hernández, que pidió que el Gobierno regional disponga la concesión de ayudas extraordinarias adicionales por un total de 16 millones de euros para ayudar a las 14.000 personas que cobran pensiones no contributivas de una media de 319 euros, lo cual les sitúa por debajo del umbral de la pobreza.

En este sentido, recordó que hay ya comunidades como Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha y Galicia y provincias como Guipúzcoa y Vizcaya que han aplicado programas con este tipo de ayudas. A su juicio, el gasto de 16 millones vale mucho más la pena que la construcción de la futura sede de la Consejería de Política Social.

José Antonio Pujante, de IU-LV, apoyó la moción del PSOE, para que las personas que reciben estas prestaciones "puedan vivir con un mínimo de dignidad".

Por otra parte, la Asamblea Regional aprobó hoy, por medio de una ley regional, la extinción de la Cámara Regional Agraria, que se convertirá en un Consejo Asesor Regional de Organizaciones Profesionales Agrarias, como cauce de representación e interlocución de estas asociaciones ante la Administración.

La iniciativa, que fue votada a favor por los tres grupos parlamentarios, supondrá el paso del personal de este organismo agrario a la Administración regional como personal laboral fijo, y el reparto de sus bienes entre las organizaciones más representativas del sector. Los que no sean objeto de reparto tendrán un uso regulado.