VALENCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia criticó hoy el "tapón brutal" que sufren las solicitudes presentadas por los vecinos de esta ciudad que por su situación de dependientes quieren acogerse a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia. El PSPV estimó que en la capital valenciana hay en la actualidad unas 7.000 personas dependientes, entorno a unos 5.000 grandes dependientes (de grado 3) y otros 2.000 de menor alcance (grado 2).
Los socialistas pidieron al equipo municipal de gobierno que preside la alcaldesa Rita Barberá que "inste a la Generalitat a agilizar todos los pasos y los procedimientos para que las personas dependientes puedan ejercer los derechos que contempla la Ley de Autonomía Personal o Dependencia", según explicó la portavoz del PSPV en el consistorio valenciano, Carmen Alborch.
Alborch consideró que "el amor por Valencia también se ha de demostrar en el apoyo a los que reclaman desde hace un año la aplicación" de esta norma. Asimismo, estimó que el Ayuntamiento es "cómplice" de la Generalitat en la no aplicación de dicha ley porque, según el PSPV, "no se presiona para que los ciudadanos de Valencia se beneficien de ella". Pidió que "las administraciones públicas, con el dinero de todos, garanticen el derecho a la autonomía personal" de los dependientes y de sus familiares.
La responsable socialista realizó estas declaraciones en la rueda de prensa que ofreció esta mañana junto al concejal del PSPV Julio Such tras la reunión que ambos mantuvieron con personas dependientes de la ciudad y con sus familiares con el fin de conocer la situación en la que se encuentran después de haber solicitado acogerse a la Ley de Dependencia.
Igualmente, censuraron las "dificultades de accesibilidad" que hay para las personas con algún tipo de discapacidad física en el Ayuntamiento de Valencia y los problemas que los asistentes a la reunión con el PSPV, que se celebró en las dependencias de esta formación en el consistorio valenciano, tuvieron para llegar a ellas.
Alborch y Such comentaron que el encuentro de hoy se celebró después del que el grupo municipal socialista mantuvo hace seis meses con estas mismas personas para "conocer el rostro humano" de esta normativa y "ver su grado de eficiencia en la ciudad de Valencia" y conocer el seguimiento que han hecho a lo largo de este tiempo para conocer la evolución de las peticiones de estos ciudadanos.
La portavoz del PSPV señaló que le "hubiera gustado" que "la noticia hoy fuera que la Ley de Dependencia se ha puesto en práctica y que estas personas han podido ejercer ya sus derechos", pero lamentó que no sea así y que se encuentren "en la misma situación en la que estaban hace seis meses". Lamentó que hay "toda una burocracia sin sentido que obstaculiza" la aplicación de los derechos de los dependientes y que está "mareándolos a ellos y a sus familias".
Este proceso, explicaron, comienza con una solicitud de valoración de los dependientes a la Generalitat para conocer las necesidades que tienen. Una vez preparada, esta información se remite al Ayuntamiento para que valore el entorno y después de haberse hecho, los datos obtenidos se mandan de nuevo a la administración autonómica para que emita un dictamen con el diagnóstico del demandante y los cuidados que precisa. Con esta documentación, añadieron, la administración local debe "pactar" con el dependiente el PIA, que se manda al Consell para finalmente determinar la ayuda.
RESOLUCIÓN SIN FIRMAR.
Julio Such apuntó de las 10.000 solicitudes presentadas en la ciudad de Valencia para acogerse a la Ley de Dependencia, tras su estudio (y ver las que realmente corresponden a personas dependientes, precisó), la Generalitat ha remitido al consistorio valenciano 2.450 para que se lleve a cabo la valoración del entorno de los solicitantes y dijo que de éstas "sólo" 88 cuentan con el Plan Individual de Atención (PIA), tras el cual se determina los servicios y la atención que los demandantes solicitan.
Agregó que de las 2.450 peticiones remitidas a la administración local, 2.100 tienen hecha por parte del Ayuntamiento la valoración del entorno y han sido enviadas al Consell, que a su vez ha transmitido 98 de ellas al consistorio para que se haga el PIA correspondiente. De estas últimas, son 88 las que cuentan con este plan redactado y las que esperan en la actualidad la resolución que ha de determinar el pago o la atención que les toca.
El edil, que señaló que estas cifras están actualizadas a fecha de ayer, destacó que las solicitudes van incrementándose día a día y sumándose a las que no han sido resueltas, tras lo que manifestó que esto muestra "tapón brutal" que hay en el desarrollo de la Ley de Dependencia. Criticó también que el nivel de aplicación de esta norma para 2007 "no se ha cumplido" y subrayó que en la ciudad de Valencia "nadie tiene firmada la resolución" necesaria para la aplicación de la Ley de Dependencia. Sostuvo que "en toda la Comunitat Valenciana, sólo 40 personas, que no están en centros de atención, se benefician" de la norma.
Julio Such rechazó también que la administración local y la autonómica apunten como "excusa" que "no hay dinero" para cumplir la norma porque éste "no llega" desde el Ejecutivo central. A este respecto, aseveró que "cuando acabe 2008, el Gobierno habrá destinado 177 millones de euros a la Ley de Dependencia para la Comunitat Valenciana".
Entre los asistentes a la reunión con el PSPV había cuatro mujeres con sus hijas, tres de ellas con parálisis cerebral y otra con una deficiencia, que explicaron que sus solicitudes para acogerse a la ley no han sido resultas, en algún caso desde julio de 2007, y que lo que demandan son recursos, humanos o económicos, para poder contar con una ayuda en la atención que prestan a sus descendientes.