Hace ya camino de veinticinco años, que se aprobó la Ley de Despenalización del Aborto. Desde entonces parecían haber quedado olvidados de nuestro diálogo social los fuertes debates sobre los límites al derecho a la vida del no nacido.
De repente, en los dos últimos meses, se ha abierto de nuevo la polémica, y el aborto recupera portadas en los medios y hueco en las apretadas agendas de nuestros políticos.
Los hechos que han disparado la alarma son escalofriantes: casi la mitad de los centros abortistas autorizados en España se encuentran con causas judiciales abiertas, seis de ellos han sido cerrados, doce personas encarceladas, decenas de encausados en libertad con cargos, y centenares de testigos han declarado ya ante los juzgados. Todo permanece bajo secreto de sumario, pero se habla de falsificación masiva de certificados médicos, de miles de niños muertos, entre 6 y 9 meses, después de haber nacido vivos mediante parto inducido, de trituradoras conectadas a los w.c, y de cubos de basura llenos de fetos despedazados, en mitad de la calle, y a donde gatos y perros vagabundos acudían puntualmente en busca de una cena segura.
Ante tal panorama, y como ocurre siempre que hay un debate de interés social, lo que piensa el pueblo va por un lado, normalmente el del sentido común, y lo que piensan los políticos va por otro lado, normalmente el del oportunismo político. Así, el sentir mayoritario de la gente de la calle, entre los que hay gente a favor y en contra del aborto, es que hay que ponerle límites a estas atrocidades, y que en todo caso, la vida de los fetos -en cuanto que es vida humana-, merece un serio respeto. Por otro lado están los políticos, que a su vez, pueden ser de derechas, o de izquierdas. Los de derechas, sinceramente, no se que piensan, solo se que tienen órdenes tajantes de no tratar ningún tema polémico que les pueda restar votos, y los de izquierdas, que son los que aprobaron el aborto, incapaces de reconocer que a veces todos nos equivocamos, siguen empeñados en el anticuado discurso de que abortar es progresismo, y como tal, no necesita de más argumento.
Desde el profundo y sincero respeto a la forma de pensar de los demás, y a las instituciones democráticas, no tengo reparo en afirmar que ningún ser humano puede decidir sobre la vida de ningún ser humano, y los fetos, aunque solo tengan gramos de peso, son seres humanos. El derecho a la vida nunca puede ser cuestión de color, raza, o peso.
Juan Sánchez Galera es presidente de la La Vida Importa, una plataforma apolítica y aconfesional que se constituyó en septiembre de 2006 con el fin de realizar "una investigación exhaustiva de las irregularidades de los diferentes centros abortistas" e interponer las consiguientes denuncias. Sus objetivos pasan por ofrecer "alternativas a la mujer ante el aborto" y que "se acabe con el fraude abortista, haciendo que los certificados psicológicos válidos para abortar hasta con nueve meses, dejen de estar en manos de los propios centros abortistas, y pasen a ser competencia exclusiva de tribunales médicos de la Seguridad social".