MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y presidente de ENAIRE, Pedro Saura, ha reiterado el compromiso del Ministerio de Fomento con la movilidad accesible durante la firma de un protocolo general de actuación entre ENAIRE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Fundación ONCE y la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros de Empleo (FEACEM).
El objetivo del acuerdo es aunar esfuerzos e impulsar iniciativas orientadas a garantizar los derechos de los más de tres millones de personas con discapacidad que hay en España. Para Pedro Saura, "el crecimiento económico inclusivo no es una opción; es el camino a seguir" por lo que, según el secretario de Estado, hay que afrontar "el reto de la movilidad accesible", y para ello "la Agenda 2030 de Naciones Unidas es nuestra hoja de ruta, la agenda de un país integrador y respetuoso con el medio ambiente y comprometido con la sociedad".
La firma del acuerdo ha contado también con la presencia del vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán López;
el presidente de CERMI, Luis Cayo, y el presidente de FEACEM, Daniel-Aníbal García, quienes han coincidido a la hora de mostrar su satisfacción por la firma de un protocolo que va a permitir a las cuatro organizaciones firmantes trabajar conjuntamente para hacer la vida más fácil (y sobre todo, los desplazamientos) a las personas con problemas de movilidad.
La firma del protocolo se enmarca en el compromiso de ENAIRE con la Responsabilidad Social Empresarial, contenido expresamente en su Plan de Vuelo 2020. El acuerdo establece un marco común con CERMI, Fundación ONCE y FEACEM para desarrollar colaboraciones a nivel institucional, actuaciones para la sensibilización sobre colectivos discapacitados y el desarrollo de políticas conjuntas de inserción en el mercado laboral del sector de transporte aéreo.
ENAIRE refuerza de este modo su compromiso con los objetivos del Pacto Mundial de Naciones Unidas (al que se adhirió en 2018), que supone la aplicación de los valores y principios éticos universales a toda su estrategia y al conjunto de sus operaciones, así como su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en la Agenda 2030. El Protocolo General de Actuación tendrá una vigencia de cuatro años que podrá prorrogarse hasta una duración máxima de ocho años.
