El PP reprocha al Ejecutivo que no haya ejecutado "ninguna política activa" a favor de la actividad de las empresas de inserción
MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
Todos los grupos parlamentarios del Senado aprobaron hoy por unanimidad una moción, presentada por el PP, en la que se pide al Gobierno impulsar el crecimiento y desarrollo de las empresas de inserción, que tienen como objetivo la integración social de las personas desfavorecidas o de los colectivos amenazados de exclusión social.
En el marco de la Comisión de Trabajo e Inmigración celebrada esta tarde en el Senado, el diputado del PP Miguel Pérez de Juan reprochó al Ejecutivo que, desde la entrada en vigor de la Ley 44/2007 --en enero de 2008--, no se haya activado "ningún mecanismo para desarrollar" la actividad de estas empresas.
"Muchos de los puntos de su articulado no se han desarrollado, lo que deja a las empresas de inserción sin la ayuda que legalmente les correspondería", aseguran en su moción los 'populares'. Así, entre otros aspectos, no se han creado los Registros estatales ni autonómicos establecidos por ley, por lo que no se puede implantar el contrato temporal de fomento de empleo en la contratación de empresas de inserción al no estar las compañías registradas.
"El Gobierno no ha ejecutado ninguna política activa que potencie las empresas de inserción tras la publicación de la ley, a pesar de que dichas empresas de inserción, por la función social que desarrollan, necesitan ayudas a la contratación, subvenciones para las inversiones, etc. En la actualidad no se están dando ningún tipo de ayudas", insistió Pérez de Juan.
COMPRAS FUERA DEL PAIS
Por otro lado, el diputado 'popular' solicitó a la Administración que favorezca la contratación de estas empresas de inserción ya que, a pesar del "importante número de compras" que se llevan a cabo, "en muchos casos se efectúan fuera de nuestro país y/o por empresas consolidadas, lo que deja a las empresas de inserción sin apenas posibilidades de competir".
El PP recuerda que la mayoría de estas empresas están participadas por instituciones como Cáritas o ONG, por lo que su supervivencia "depende en gran manera de subvenciones, ayudas salariales por contratación y/o ayudas en el concepto de la Seguridad Social".
Por comunidades autónomas, destaca el caso de Cataluña, donde se han destinado 8.000 euros a la contratación obligatoria de estas empresas por parte de la Administración.
