La CNMC sugiere reforzar la justificación de umbrales, fechas y objetivos de la norma de reciclado de residuos textiles

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha valorado positivamente este miércoles el Proyecto de Real Decreto (PRD) por el que se regulan el reciclado de productos textiles y calzado, pero ha sugerido reforzar la justificación de umbrales, fechas y objetivos.

En concreto, ha aconsejado fundamentar según los principios de necesidad y proporcionalidad el umbral aplicable a las empresas obligadas a presentar planes de prevención y ecodiseño, así como valorar si conviene reducir el periodo para actualizarlo.

Asimismo, el organismo ha recomendado que se justifique "de manera adecuada" los porcentajes de objetivos fijados, que se analice su viabilidad y que se evalúe su impacto en los operadores; y que se confirme la existencia de infraestructura y tecnología suficientes para gestionar los volúmenes previstos.

A su vez, ha aconsejado establecer un plazo para que la Comisión de Coordinación emita sus informes sobre las solicitudes de autorización y asegurar que las especificaciones territoriales que pueda incorporar a las autorizaciones de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAPs) estén justificadas.

En este sentido, la CNMC ha incidido en la importancia de reforzar los recursos de las administraciones regionales más afectadas por las solicitudes y promover medidas que faciliten las negociaciones de los convenios entre los SCRAPs y las administraciones públicas.

Por otro lado, ha propuesto realizar una evaluación periódica de los modelos de gestión colectiva para evitar efectos adversos sobre la competencia y garantizar que la gestión de la información se realice a través de terceros independientes.

Por último, el organismo ha sugerido que se defina con mayor precisión cuándo son exigibles las obligaciones financieras para aumentar la seguridad jurídica de los productores y que se valore si la fecha establecida para aplicar las obligaciones de financiación (1 de enero de 2029) es "razonable" para minimizar los costes de adaptación de los operadores.