El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Alfonso Candón, en rueda de prensa. - JUNTA DE ANDALUCIA
CÁDIZ 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Cádiz, Alfonso Candón, ha destacado que a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) se ha determinado ampliar hasta los 25 años la prestación económica dirigida a los hijos e hijas de mujeres víctimas mortales de la violencia de género, y que desde la creación de este nuevo derecho se han concedido 37 ayudas en Andalucía, cuatro de ellas en Cádiz.
Candón ha señalado que esta iniciativa busca atender "el trauma y la vulnerabilidad socioeconómica" de los hijos e hijas tras el asesinato de sus madres, con una prestación que se extinguía a los 18 años, ha recogido la Junta en una nota.
El delegado territorial ha subrayado que esta decisión forma parte de "una estrategia" del Gobierno andaluz "mucho más amplia en pro de mejorar la atención y acompañamiento" a las víctimas de violencia de género, así como de prevenir y combatir desde la unidad "esta lacra social", añadiendo que Andalucía "da un paso más en su compromiso con las víctimas de violencia de género".
La prestación económica está dirigida a los hijos e hijas de hasta 25 años que en el momento del asesinato su madre residía en Andalucía o bien sus hijos e hijas viven en la comunidad en el momento del crimen. Para el cobro de la ayuda, deben tener menos de 25 años en el momento de realizar la solicitud independientemente de que el asesinato se haya producido antes de la entrada en vigor del decreto ley.
Candón ha informado que la prestación de 5.000 euros anuales, se concede previa solicitud, independientemente de la renta familiar, y se hace efectiva en un solo pago anual una vez se dicte resolución y hasta alcance los 25 años. La ayuda se actualiza con respecto al Índice de Precios al Consumo (IPC), con lo cual en 2025 la ayuda asciende a 5.140 euros.
Esta prestación tiene carácter retroactivo y es compatible y complementaria con cualquier otra ayuda pública o privada que se percibe por el mismo motivo.
Para terminar el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha insistido en "la necesidad de que todas las administraciones y toda la sociedad trabajen conjuntamente en la misma línea", con el objetivo de "desterrar de una vez por todas esta lacra que es la violencia de género" y apostando por "contribuir todos unidos a su erradicación".