CÁDIZ, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familias ha destinado un total de 136.585 euros en la provincia de Cádiz para apoyar actuaciones de protección del consumidor a través de dos convocatorias en 2021.
Según ha explicado la Junta en una nota, estas ayudas, que a nivel regional ascienden a más de 1,5 millones, van dirigidas a entidades locales y a asociaciones de consumidores para financiar programas formativos en materia de consumo, actuaciones para impulsar la promoción de un consumo responsable y sostenible y, entre otras cuestiones, el funcionamiento de las oficinas de atención e información a los consumidores y el mantenimiento de las sedes de las entidades.
La directora general de Consumo de la Consejería, Pilar Bartolomé, nombrada el pasado noviembre, ha visitado Cádiz, donde ha mantenido un encuentro con la delegada territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes, la jefa del Servicio Provincial de Consumo, Angélica González y parte de su equipo.
Bartolomé ha destacado la labor durante el pasado año del Servicio de Consumo en la provincia gaditana, haciendo hincapié en las actuaciones relevantes en materia de inspección, como las campañas realizadas y la elaboración del Plan de Inspección de Consumo que cuenta con la participación de las asociaciones de consumidores más representativas, de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), y de otros centros directivos de la Junta de Andalucía.
El pasado año, el Servicio Provincial de Consumo ha realizado diez campañas de inspección (una en torno a alimentos, cinco sobre productos industriales y cuatro sobre servicios) que generaron cerca de 800 actuaciones. Además, a través de las redes de alerta se han tramitado 124 expedientes con un total de 3.865 artículos retirados del mercado por diversas causas que podrían poner en peligro la seguridad de los consumidores. A esto hay que sumar la colaboración con otras entidades, como la Guardia Civil, que ha permitido en 2021 inmovilizar un total de 1.113 juguetes al resultar inseguros.
Asimismo, en colaboración el Servicio de Inspección SOIVRE, dependiente de la Dirección General de Comercio e Inversiones, Consumo ha tramitado en la provincia durante el pasado año seis expedientes sobre productos industriales importados, comprobándose el reetiquetado antes de la puesta a la venta en público de cerca de 40.000 artículos textiles y casi 500 muebles.
En cuanto a las reclamaciones, ascendieron en 2021 a 646 en la provincia, mientras que las denuncias fueron 828. La distribución por sectores de actividad en los que recayeron fue, principalmente del 20% para minoristas, 16% para servicios esenciales, 8,8% para telecomunicaciones y 8,6% para financieras e inversión, entre otros.
Además de lo referido, el Servicio Provincial de Consumo de la Delegación Territorial de Salud y Familias tiene diversas actividades en función de sus competencias, distribuidas en tres secciones: formación y defensa de los consumidores; inspección; y procedimiento e informes.
Como novedad, la Dirección General de Consumo de la Consejería tiene muy avanzada la tramitación de la reforma del Decreto 472/2019, que se aprobará este año y tiene previsto reforzar, clarificar y reconocer la importante función de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs).
