Actualizado 05/06/2017 15:53

Montero señala que la tasa de empleo femenino cae cinco puntos cuando la mujer tiene un hijo

María Jesús en el congreso de Igualdad
EUROPA PRESS/JUNTA

CÁDIZ, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha señalado este lunes en el marco de la inauguración de la V Conferencia Internacional de Economía y Presupuesto en Clave de Género celebrada en el Palacio de Congresos de Cádiz, que la tasa de empleo femenino cae cinco puntos cuando la mujer tiene un hijo con respecto a la mujer sin descendencia, según el Informe de Evaluación de Impacto de Género.

Según ha informado la Junta en una nota, Montero también ha defendido que Andalucía es la única región española que ha aumentado su inversión en políticas de igualdad durante la crisis y ha defendido la importancia de este encuentro, que en esta ocasión se centra en la 'Evaluación de las políticas presupuestarias con perspectiva de género', mientras el año pasado abordó la 'Igualdad de género para la recuperación económica'.

Montero ha explicado la necesidad de una evaluación de género dentro de los procesos de evaluación de políticas públicas y que, en su opinión, no solo contribuyen a mejorar la calidad y la transparencia de la política, sino también la eficacia y eficiencia de la administración pública, lo que va a incidir de manera muy positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos.

Durante su intervención ha defendido que las políticas de igualdad revierten en crecimiento económico, ya que el último informe del Instituto Europeo de la Igualdad de Género señala que las políticas de igualdad podrían generar en 2050 un incremento del PIB per cápita de la UE que oscilaría entre el 6,1 y el 9,3 por ciento, lo que se traduce entre 1,95 y 3,15 billones de euros.

Asimismo, la consejera se ha referido a la experiencia de Andalucía al señalar que es la única región española que ha aumentado su inversión en políticas de igualdad durante la crisis. Así, ha comentado que el estudio publicado el pasado año por el Observatorio de Género y Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla evidencia que, en el periodo entre 2009 y 2014, el presupuesto de igualdad en Andalucía creció un 16,6 por ciento, frente al descenso de un 34,4 por ciento registrado en el Estado.

Además, ha informado de que en el Presupuesto de la comunidad autónoma para 2017 los programas presupuestarios más relevantes para el avance de la igualdad de género, los programas G+, suponen el 74 por ciento del total, es decir, 18.111 millones de euros, por lo que tres de cada cuatro euros se destinan a luchar contra la desigualdad entre hombres y mujeres.

Por otro lado, Montero ha compartido ejemplos con los presentes como el aumento del número de centros de primer ciclo de Educación Infantil, un 110 por ciento desde el año 2007, duplicando la oferta y, por tanto, dando acceso a la conciliación. Las plazas educativas financiadas con fondos públicos han pasado de 54.752 a 95.978, un incremento del 75,3 por ciento. En su opinión, también el Plan de Apertura favorece la igualdad en los centros educativos.

La titular de Hacienda ha insistido durante su intervención en que para que los presupuestos en clave de género obtengan los resultados deseados, "hay que ser muy precisos, muy cuidadosos," a la hora de actuar en las distintas fases. Así, ha señalado por un lado que resulta esencial la realización de buenos diagnósticos y análisis para obtener información veraz y, por otro, que los empleados públicos que los van a realizar cuenten con la formación idónea para ello y estén concienciados y sensibilizados.

Montero ha destacado que debe existir un proceso de retroalimentación, de tal forma que de la evaluación de las políticas puestas en marcha se obtengan conclusiones que permitan seguir avanzando y mejorando a la hora de actuar sobre las desigualdades. Por ello, ha destacado que, aunque la comunidad viene realizando el Informe de Evaluación de Impacto de Género desde el año 2005, a partir del año 2013 dio el salto también a la realización de auditorías de género, una forma de actuar que cuenta con el reconocimiento internacional tanto de la OCDE como del FMI.

En este sentido, ha recordado que Andalucía es una de las pocas administraciones que está llevando a cabo auditorías de género. En 2017 está previsto terminar ya con 31 auditorías realizadas. La consejera ha añadido que se han auditado 24 programas presupuestarios y siete entidades instrumentales y que, como resultado, se ha detectado la necesidad de más y mejores análisis de género en algunas de las políticas presupuestarias.

Asimismo ha insistido en la importancia de la evaluación, algo "inédito en el panorama internacional" que no solo supone la consolidación y desarrollo pleno de la estrategia de presupuestos en perspectiva de género, sino que a finales de 2016, el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, en su documento denominado 'Mapeo inicial de los presupuestos con enfoque de género', identifica en el nivel regional la experiencia de la Junta de Andalucía como una de las más exitosas.

Para Montero en esta mención se ha destacado la implicación estratégica de los responsables de Hacienda, que ha posibilitado su permanencia y extensión en el tiempo, el tener en cuenta metodológicamente todos los programas presupuestarios, y el enfoque de categorización de los programas presupuestarios (Programa G+) por su relevancia para la igualdad de género, vinculándola a su papel y responsabilidad con la implementación de los presupuestos con perspectiva de género.

En esta V Conferencia de Economía y Presupuesto en clave de Género se ha pretendido propiciar un espacio de debate sobre los avances, limitaciones y resultados de la evaluación de género aplicada al presupuesto público. Se ha tratado de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía para que las administraciones públicas sean eficaces, diseñen y ejecuten políticas públicas que favorezcan el crecimiento y la igualdad real, y consigan los resultados esperados. Asimismo, la evaluación y la rendición de cuentas aportan transparencia, favorecen la legitimidad de las administraciones y aportan calidad a la gestión pública.