Presentado en Córdoba el acuerdo de colaboración entre Empleo y el Ministerio Fiscal sobre riesgos laborales

CÓRDOBA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Edificio Plaza Constitución ha acogido la III Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente a 2025, presidida por la delegada con competencias en este ámbito, María Dolores Gálvez, y donde participan también la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), CCOO, UGT e Inspección de Trabajo, entre otros, donde se ha presentado el acuerdo de colaboración entre Empleo y el Ministerio Fiscal.

Según ha informado la Junta en una nota, entre los asuntos que se han abordado en esta reunión se encuentran el informe de las actividades en materia de prevención de riesgos laborales de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social durante el primer trimestre del 2025; el avance estadístico de la siniestralidad laboral en el primer semestre; el Plan de Actuación de los Técnicos Habilitados de la Junta de Andalucía para este año, y el acuerdo de colaboración entre la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y el Ministerio Fiscal.

Referido a este último asunto, la responsable de Empleo ha explicado que el objetivo es "coordinar esfuerzos a la hora de determinar las causas y posibles responsabilidades ante incumplimientos de medidas de prevención de riesgos labores que afecten a la salud de los trabajadores".

Las dos instituciones han firmado un acuerdo de cuatro años para trabajar mejor juntas cuando se produzcan accidentes laborales graves o mortales en Andalucía. La idea es compartir información de forma rápida y coordinada, tanto sobre los siniestros como sobre posibles incumplimientos en seguridad que puedan acabar en responsabilidades penales o administrativas.

La Consejería se compromete a avisar a la Fiscalía en un plazo máximo de 24 a 48 horas cuando haya un accidente laboral con resultado de muerte, y a enviar también las actas de infracción y los informes de investigación que correspondan. En casos de enfermedades profesionales, se compartirán igualmente los informes de la Inspección de Trabajo y de los Centros de Prevención.

Por su parte, la Fiscalía informará a la Consejería sobre las investigaciones que abra relacionadas con la siniestralidad laboral y facilitará datos, documentos y estadísticas, siempre respetando el secreto de las actuaciones.

El acuerdo incluye también una parte formativa, pues la Fiscalía recibirá apoyo para entender mejor las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos, y el personal de la Junta podrá actualizarse sobre aspectos penales ligados a la seguridad laboral. La Consejería organizará unas jornadas técnicas anuales en las que participarán fiscales, jueces, inspectores y personal especializado.

Además, la Junta pondrá a disposición de la Fiscalía informes y material útil, y ofrecerá asesoramiento técnico. Para facilitar la coordinación, cada Centro Provincial de Prevención tendrá una persona de referencia como enlace con los fiscales, con reuniones trimestrales para seguir el trabajo conjunto.