GRANADA, 20 May. (EUROPA PRESS) -
El refuerzo de la acción de control sobre las 4.132 viviendas que conforman el parque público residencial en alquiler de la Junta de Andalucía en Granada, enmarcado en la estrategia de gestión que viene aplicando la Consejería de Fomento y Vivienda sobre dichos inmuebles desde el inicio de la legislatura, ha permitido abrir 62 expedientes durante 2017 para recuperar la posesión de viviendas ocupadas de forma irregular en la provincia.
La Consejería ha explicado en un comunicado que "buena parte de estos expedientes" han sido ya resueltos y han propiciado a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), titular de estos inmuebles, recuperar 26 viviendas para entregarlas a familias con necesidades que, cumpliendo los requisitos establecidos, han respetado la normativa en materia de adjudicación de vivienda pública y están inscritas en los registros municipales de demandantes de vivienda.
Sobre los 36 restantes se sigue trabajando, con el fin de poder disponer cuanto antes de las viviendas afectadas y poderlas adjudicar a las familias que sean propuestas por dichos registros municipales de demandantes de vivienda protegida.
Asimismo, los 62 expedientes tramitados en 2017 "mejoran notablemente" los resultados de los dos ejercicios anteriores, en los que se abrieron 24 y 20 expedientes, respectivamente.
El delegado territorial de Fomento y Vivienda, José Antonio Martín, ha señalado que "estas acciones de control sobre el parque público de viviendas responden al refuerzo de la acción de verificación, que además de actualizar la información sobre quienes residen en cada vivienda, nos permite hacer un seguimiento de las condiciones socioeconómicas de esas familias y de sus necesidades para atenderlas adecuadamente".
El delegado ha subrayado que "hacer cumplir la legalidad y la decisión de actuar contra las ocupaciones irregulares en el parque autonómico de vivienda es cada vez más firme porque está dando buenos resultados", por lo que ha asegurado que se va a "intensificar esta línea de trabajo para avanzar en ese necesario seguimiento del parque público residencial para garantizar su uso y función acorde a la normativa vigente y a los objetivos sociales planteados".
José Antonio Martín ha recordado que "la estrategia de gestión que está desarrollando AVRA viene a reforzar la función social de la vivienda que fija la ley 4/2013, que trata de atender las necesidades habitacionales de las familias inscritas en los registros municipales de demandantes" y ha añadido que "se trata de familias con dificultades, en muchos casos extremas, a las que debe reservarse el uso de las viviendas públicas".
Por ello, ha matizado que "es necesario recuperar todas aquellas que están ocupadas de forma irregular, para ponerlas a disposición de quienes realimente las necesitan y que además, cumplen la legalidad".
Además, AVRA ha sumado otras actuaciones para regularizar la tenencia de vivienda pública en alquiler, como las subrogaciones y los cambios de titularidad.
La tarea de regularizar la tenencia de viviendas públicas de la Junta en la provincia permitió el pasado año firmar 208 contratos de alquiler con familias que demandaban vivienda protegida en alquiler o estaban en ellas en situación irregular.
Las subrogaciones se aplican a viviendas que tras el fallecimiento del titular, son demandadas para sí por familiares que, para acceder a ellas, deben cumplir los requisitos que establece la normativa reguladora.
Los expedientes de cambio de titularidad se realizan sobre viviendas de compra venta con pago aplazado y acceso diferido a la propiedad y benefician a los herederos de los titulares.
REDUCCIÓN DE LA MOROSIDAD
Por otra parte, la estrategia de gestión del parque público autonómico de vivienda "está permitiendo reducir los índices de morosidad de los inquilinos, que se habían incrementado notablemente desde que comenzó la crisis, a finales de la pasada década".
La mejora de los niveles de cobro de rentas se tradujo el pasado año en ingresos por importe de 2,1 millones de euros en la provincia de Granada, ingresos que "ayudan a un mejor mantenimiento y conservación del parque residencial".
Asimismo, la Consejería ha indicado que el parque de vivienda de la Junta proporciona alojamiento a familias con escasos recursos, que abonan rentas reducidas. El 90 por ciento de los inquilinos pagan menos de 60 euros mensuales, mientras que el 93 por ciento no llega a los 100 euros de renta. Pese a ello, hay familias que no pueden hacer frente a sus rentas debido a su precaria situación socioeconómica, ha matizado.
En estos casos, AVRA aplica medidas para facilitar el cumplimiento de la obligación de pago de la renta, como la minoración de la cuantía de las mismas a familias que acrediten su incapacidad económica para hacer frente al recibo mensual de alquiler.
Como consecuencia de la aplicación de todas estas medidas, el nivel de recaudación de rentas se ha ido incrementando en los últimos tres ejercicios, pasando de 1,89 millones de euros en 2015 a 2,15 millones en 2017.
También ha explicado que la mejora del nivel de ingresos por rentas que está experimentando en el parque público de vivienda de AVRA permite disponer de más recursos para atender los edificios que lo conforman y mejorar así su conservación y mantenimiento.
Así, durante los tres años transcurridos de esta legislatura se han podido ejecutar obras de rehabilitación y reparaciones que en la provincia de Granada han supuesto una inversión de 4,2 millones de euros, la mayor parte de ella en las tres barriadas declaradas Ayudas a la Regeneración y Reurbanización Urbanas (ARRU) Almanjáyar en la capital, Huerta Carrasco en Motril y Las Flores en Pinos Puente.
