Publicado 04/08/2025 19:23

La Junta actualiza la comisión de seguimiento del Plan de la Corona Forestal de Doñana

Archivo - Doñana.
Archivo - Doñana. - SEO/BIRDLIFE - Archivo

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se modifica la composición de la comisión de seguimiento y ejecución del plan especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana prevista en el Decreto 178/2014, de 16 de diciembre, por el que se aprueba dicho Plan. El principal objetivo es adaptar la composición de dicho órgano colegiado a la estructura competencial vigente en la Junta de Andalucía, tras la reestructuración aprobada por el Decreto del Presidente 6/2024, de 29 de julio.

De esta forma, tal como explica la Junta en una nota de prensa, se refuerza su capacidad de coordinación institucional, su operatividad y su conexión directa con las actuaciones derivadas del protocolo General firmado con el Gobierno de España para el impulso del desarrollo socioeconómico sostenible en el entorno de Doñana. La Comisión de Seguimiento y Ejecución es el órgano responsable de coordinar e impulsar las acciones recogidas tanto en el plan especial como en su programa de medidas complementarias, evaluar el cumplimiento de sus objetivos, proponer modificaciones si fueran necesarias y elaborar un informe bianual que se traslada al Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana.

Desde su creación hace más de una década, ha constituido una herramienta esencial para garantizar un equilibrio entre el desarrollo de la actividad agrícola en los municipios del área norte de la Corona Forestal (Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado) y la protección del medio ambiente, especialmente en lo relativo al uso sostenible del agua y la conservación de los valores naturales del Parque Nacional de Doñana. La nueva propuesta normativa refuerza esta vocación integradora.

Se reconoce la necesidad de contar con un enfoque transversal que compatibilice la preservación del ecosistema con la transición de los sectores productivos en un escenario marcado por la emergencia climática. En esta línea, la reforma del artículo 4 del Decreto 178/2014 incorpora como novedad la adscripción directa de la Comisión a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, actualizando su presidencia, vicepresidencias y composición en consonancia con las competencias sectoriales vigentes.

La presidencia recaerá en la persona titular de la Viceconsejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente; la vicepresidencia primera será ejercida por la Viceconsejería competente en Agricultura; la segunda, por la de Ordenación del Territorio y la tercera, por la Secretaría General de Medio Ambiente. Además, se integran representantes de las direcciones generales con competencias en producción agrícola y ganadera, recursos hídricos, ordenación del territorio, política forestal y espacios naturales protegidos, así como de las delegaciones territoriales en la provincia de Huelva con atribuciones en estas mismas materias.

También seguirán formando parte de la Comisión un representante de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y uno por cada uno de los cinco ayuntamientos del ámbito del Plan Especial. Uno de los principales cambios introducidos por este decreto es la atribución de las funciones de secretaría del órgano colegiado al Comisionado, creado en marzo de 2024 por la Junta de Andalucía para coordinar las acciones derivadas del Protocolo General de Actuación firmado el 27 de noviembre de 2023 con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Esta figura institucional, adscrita a la Viceconsejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, desempeñará dichas funciones mientras el protocolo se encuentre en ejecución, actuando con voz, pero sin voto. En caso de que esta figura dejara de estar vigente, la secretaría sería asumida por personal funcionario designado por la Presidencia de la Comisión, con nivel mínimo de jefatura de servicio.

Este ajuste organizativo tiene por finalidad garantizar una adecuada coordinación entre las políticas autonómicas en materia ambiental y las medidas socioeconómicas que se están promoviendo en colaboración con el Gobierno de España, de cara a favorecer una transición justa y equilibrada en todo el entorno de influencia del Espacio Natural de Doñana. Se trata de una actuación que cobra aún más relevancia en el contexto actual, en el que resulta imprescindible avanzar hacia modelos de desarrollo compatibles con la recuperación ecológica del territorio, la protección de los recursos hídricos y la mejora de la resiliencia ante los efectos del cambio climático.

El decreto incluye también, en cumplimiento de la legislación autonómica en materia de igualdad, una previsión específica para garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en la composición de la Comisión, conforme a los principios recogidos en la normativa vigente. Esta modificación normativa ha sido elaborada conforme a los principios de buena regulación contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Así, el decreto responde a criterios de necesidad y eficacia y constituye el instrumento más idóneo para garantizar el cumplimiento de los fines perseguidos. También cumple con los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y eficiencia, al adecuarse a la estructura organizativa actual, evitar duplicidades, ofrecer claridad normativa y no generar cargas administrativas innecesarias.

Finalmente, se habilita a la persona titular de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente decreto, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Esta entrada en vigor inmediata responde a la necesidad de dar continuidad a las actuaciones de seguimiento, evaluación y coordinación del Plan Especial, en un momento clave para la implementación de las medidas incluidas en el Protocolo General suscrito con el Estado y para la planificación de las políticas públicas en el entorno de Doñana.

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