SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha informado este miércoles durante la comisión parlamentaria sobre las ayudas para la renaturalización de tierras en la corona norte del Condado de Huelva, un "instrumento clave" dentro del Acuerdo por Doñana que "permitirá impulsar la restauración ecológica del entorno y apoyar a los agricultores que más directamente han sufrido las limitaciones de uso del suelo y la escasez de agua".
La titular andaluza ha recordado que estas ayudas suponen "una oportunidad para reconciliar la naturaleza con el trabajo humano", en un territorio "donde la convivencia entre el medio ambiente y el desarrollo rural constituye el gran desafío de presente y futuro".
Al respecto, ha declarado que la Junta de Andalucía estará "preparada" para que, "en cuanto el Estado convoque y resuelva las ayudas estatales, podamos sacar inmediatamente las nuestras". En esta línea, ha subrayado que "el Gobierno andaluz tiene ya todo el procedimiento administrativo en marcha y trabaja para que el texto definitivo esté listo en tiempo y forma, con el objetivo de garantizar una tramitación y un pago ágiles dentro del marco legal".
La consejera ha señalado que estas nuevas ayudas autonómicas serán complementarias a las del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y que estarán destinadas a explotaciones situadas en los municipios de Almonte, Rociana del Condado, Bonares, Moguer y Lucena del Puerto. "Son las zonas más delicadas y cercanas al Parque Nacional, donde los agricultores han sufrido mayores limitaciones administrativas y donde la protección ambiental es más necesaria", ha explicado.
Estas subvenciones, ha precisado, "tendrán un importe que puede alcanzar los 20.000 euros por hectárea y se orientarán a reforzar la resiliencia de los ecosistemas y a promover nuevas superficies forestales, diversificando la economía local y fomentando el empleo verde". En paralelo, ha resaltado la colaboración con la Diputación de Huelva, "que ya ha mostrado su compromiso de aportar 10.000 euros por hectárea".
"El proceso está muy avanzado. Las bases reguladoras se han sometido a consulta pública, que concluyó el 25 de septiembre, y hemos recibido aportaciones tanto del Ministerio como de otros agentes implicados, todas ellas tenidas en cuenta para la elaboración del texto final".
Al hilo de esto último, ha hecho hincapié en que las medidas contemplan la creación y mantenimiento de nuevas superficies forestales, junto a acciones complementarias de restauración ecológica que permitan aumentar la capacidad natural de los suelos y mejorar su funcionalidad ambiental. Por ello, ha reiterado la exigencia al Gobierno central para que "acelere al máximo la convocatoria y el pago de las ayudas estatales".
La consejera ha aseverado que "los agricultores del entorno de Doñana están viviendo una situación de gran incertidumbre" y que "estas ayudas llegarán como un respiro y una oportunidad para transformar sus tierras en espacios de valor ecológico y económico".
"La colaboración entre administraciones es el camino. Con este pacto, hemos demostrado que, cuando se dejan a un lado las diferencias políticas y se ponen en el centro a las personas, somos capaces de alcanzar consensos útiles y eficaces para el bien común", ha remarcado.
"La Junta ha cumplido con creces los compromisos adquiridos en el acuerdo. Lo que inicialmente se cifraba en 728 millones de inversión se ha convertido en 852 millones movilizados, 123 millones más de lo previsto. Y de esa cantidad, más de 428 millones ya se han ejecutado, según datos del último informe, lo que supone el 58,75% del compromiso inicial", ha agregado.
Por otro lado, García ha reafirmado el compromiso del Gobierno andaluz con los agricultores de la Corona Norte del Condado de Huelva y ha recalcado que la Junta de Andalucía "ha estado, está y estará siempre al lado de los agricultores andaluces".
POSICIÓN DE LOS PARTIDOS Durante la intervención de los portavoces de los grupos políticos, el parlamentario de Vox Rafael Segovia ha criticado que la primera convocatoria de ayuda del Gobierno central "solo podrán beneficiarse 400 hectáreas, cuando hay solicitudes para renaturalizar 1.200 hectáreas en los cinco municipios que la componen", además de que con el acuerdo "pueden beneficiarse los 14 municipios del entorno de Doñana, por lo que ni siquiera está garantizado que las 400 hectáreas que se van a renaturalizar pertenezcan a la Corona Norte".
Por ello, a juicio del parlamentario, "empieza a demostrarse que el objetivo del acuerdo no era promover la actividad agrícola y hacerla compatible con el sostenimiento de Doñana", porque "si así hubiera sido, habrían pactado con el Gobierno central como parte del mismo el acuerdo de la presa de Alcolea", ya que "el auténtico objetivo del acuerdo era promover el cese de la actividad agrícola en España y en Europa".
En este sentido, Segovia ha incidido en el acuerdo "lo que está haciendo es que los agricultores se sienten engañados", por ello, "quería volver a presentar la proposición de ley".
Por su parte, el parlamentario del PSOE Mario Jiménez ha apuntado a que en un principio esta "no era la hoja de ruta" de la Junta, sino que "se compincharon con Vox en una estrategia de engaño mediante una proposición de ley" que, a su juicio "generó un problema en el territorio".
Al respecto, el socialista ha incidido en que ahora "estamos en la realidad", ya que "presentaron dos proposiciones de Ley", pero "al final tuvieron que entrar en razón, debido a las presión internacional, la opinión pública, los organismos y la amenaza de sacar y de poner Doñana en la lista negra".
Por ello, el socialista ha señalado que "hay que celebrar cuál ha sido la solución" porque en ella "hemos estado todos", aunque "tanto en el diagnóstico como en las soluciones ustedes tomaron una postura simplista". Así, ha dicho que "solo se ha empezado un camino, que es verdad que son solo 400 hectáreas en esta primera convocatoria", pero "se abre un camino y hay una voluntad de seguir resolviendo en esta misma dirección el resto de las demandas que hay".
"El Gobierno destina 28 millones de euros con un mecanismo ágil que va a permitir abordar esto de manera rápida", pero la Junta y la Diputación "tienen que acelerar efectivamente para que en cuanto se pueda complementar los 20.000 euros por hectárea y los otros 10.000 euros", ha concluido.
Por otra parte, el parlamentario del PP Juan Antonio Márquez, ha señalado que este "no es un tema menor", ya que son "muchas las familias que esperan con urgencia" un acuerdo que "viene a corregir lo que durante demasiado tiempo fue una norma injusta que castigaba a los que menos culpa tenía". "Y no conviene olvidar, que fue un gobierno socialista quien creó este problema", ha apostillado.
"Por lo tanto, lo mínimo que se le debería exigir es que se pongan las pilas. Sacan pecho ahora por esta ayuda del Ministerio pero conviene recordarle que han sido dos años de espera. No solo eso, ojalá me equivoque, pero desde mi grupo nos tememos que retrasen la resolución final hasta el segundo semestre del próximo año. Esa es la realidad, las ayudas del Gobierno central llegan como siempre, tarde y mal", ha subrayado.
Por ello, ha insistido que "frente a esa lentitud", la Junta "complementa las ayudas con la diferencia de que se hará en un tiempo récord, desde el momento en que se active la convocatoria estatal, así se hará".
No obstante, ha insistido en que en "este acuerdo histórico no habría sido posible sin escuchar, sin dialogar y sin ponerse del lado de los agricultores". "Esa es la política útil, la que transforma el problema en soluciones y los conflictos en oportunidades", ha finalizado.
(EUROPA PRESS ANDALUCÍA)