MÁLAGA, 2 May. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Justicia e Interior ha abonado 2.352.340 euros a los colegios de abogados y procuradores para liquidar los pagos por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita correspondientes al cuarto trimestre de 2015 en la provincia de Málaga.
De esta cantidad, la mayor parte --2.183.048 euros-- se destina a sufragar la prestación realizada por los abogados. Asimismo, los procuradores han recibido un total de 169.292 euros.
La Consejería de Justicia e Interior cumple así el acuerdo que se alcanzó con los consejos de colegios que representan a estos profesionales para abonar por trimestres vencidos el turno de oficio, el turno de guardia y los gastos de funcionamiento de la asistencia jurídica gratuita en Andalucía, han recordado desde la Junta a través de un comunicado.
La Junta financia los gastos que genera el turno de oficio, la defensa y representación gratuita, la asistencia letrada al detenido en turno de guardia y los gastos de funcionamiento de los colegios por su prestación, así como los que genera la representación que realizan los procuradores.
En concreto, de la asistencia jurídica gratuita se encargan actualmente en Andalucía más de 9.000 profesionales, entre abogados (7.000) y procuradores (2.000).
En este línea, con el fin de mejorar estas actuaciones, la Consejería ha puesto en marcha el sistema de gestión 'Temisa', que permite a los consejos andaluces de abogados y procuradores remitir telemáticamente a la Administración autonómica las certificaciones de pago por el servicio de justicia gratuita sin necesidad de que haya que notificarlos en papel.
Asimismo, se ha instalado en la web de la Consejería un simulador económico de que permite saber al instante si un ciudadano tiene derecho a beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita.
Este sistema funciona a través de una serie de preguntas que hace al usuario, como si es víctima de violencia de género, si tiene una discapacidad, si ha sufrido un accidente que le ha dejado secuelas permanentes, el número de personas que forman la unidad familiar y los ingresos económicos que percibe.