SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía espera "suscribir un nuevo convenio de colaboración" con el Ministerio del Interior que "establezca el marco adecuado para iniciar la transferencia de los servicios sanitarios penitenciarios, con la correspondiente asignación financiera, y las condiciones óptimas de recursos humanos y materiales que garanticen la prestación de la asistencia sanitaria penitenciaria al mismo nivel de calidad y de equidad que a los demás ciudadanos de Andalucía".
Así consta en la contestación que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha trasladado por escrito al diputado autonómico no adscrito José Ignacio Sánchez en respuesta a una pregunta formulada por dicho parlamentario relativa a las competencias sobre la sanidad en los centros penitenciarios de Andalucía.
En su respuesta, fechada el pasado 25 de marzo y consultada por Europa Press, el consejero recuerda que, en el año 2016, "tanto el Pleno del Senado --mediante moción--, como la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados --presentando por unanimidad una proposición no de ley--, han instado al Gobierno y a las comunidades autónomas (CCAA) a culminar el proceso de transferencia de la Sanidad Penitenciaria a las CCAA".
Aguirre remarca que el Congreso añadió en la iniciativa aprobada al respecto que, "de forma previa a las transferencias, la Administración Penitenciaria habrá de satisfacer los pagos debidos a las comunidades autónomas en materia de Sanidad Penitenciaria".
"Este extremo ha sido respaldado en casación por el Tribunal Supremo, el cual concluye que, en ausencia de convenio de colaboración específico, corresponde al Ministerio del Interior asumir los gastos derivados de la asistencia hospitalaria a este colectivo", abunda el consejero de Salud en su respuesta.
Jesús Aguirre también relata en su contestación que, "en 2013, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dejó sin efecto el convenio para la atención hospitalaria de la población reclusa en Andalucía" y, "desde entonces, sin convenio en vigor, el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) sigue atendiendo a la población reclusa, sin ninguna compensación económica, como establecía el convenio vigente hasta ese año".
"Desde entonces, en Andalucía ha habido numerosos intentos por parte de la Consejería de Salud y Familias para retomar el asunto", según pone de relieve el titular del ramo, quien explica que, en una reunión conjunta celebrada el 12 de junio de 2019 entre ambas administraciones --la autonómica y la estatal--, él mismo manifestó "la voluntad de asumir la Sanidad Penitenciaria por el SSPA".
Se inició entonces "un periodo de análisis previo con la constitución de un nuevo grupo de trabajo que abordara las transferencias sanitarias, la liquidación de la deuda pendiente por la asistencia sanitaria a la población reclusa en hospitales del SSPA --desde que no hay convenio--, así como la redacción de un nuevo convenio de colaboración entre ambas administraciones como elemento transitorio hasta la materialización de dichas transferencias".
Explica Jesús Aguirre que, "teniendo en cuenta que la cantidad de profesionales y centros penitenciarios a transferir --13.000 reclusos, 400 profesionales sanitarios, 14 centros penitenciarios, cinco centros de inserción social de Instituciones Penitenciarias y un Hospital Psiquiátrico Penitenciario-- es mucho mayor que las trasferencias sanitarias realizadas hasta ahora por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a otras comunidades autónomas --País Vasco y Cataluña--, se acordó añadir dos subgrupos de trabajo que funcionaran simultáneamente, uno para la evaluación económica, y otro para tecnologías de la información".
Estos grupos, "bajo supervisión del grupo técnico, se comenzaron a constituir en el primer trimestre de 2020", si bien el inicio de la pandemia mundial por SARS-CoV-2 en marzo de 2020 y la declaración del estado de alarma en España se tradujo "en un retraso en el trabajo a desarrollar" por éstos, según aclara el consejero, que revela que "durante el mes de noviembre de 2020 se reiniciaron los contactos con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para retomar los trabajos encomendados a los distintos grupos", pero "por parte de dicha Secretaría se propuso un aplazamiento de los mismos hasta la estabilización de la situación sanitaria".
PAGOS PENDIENTES
Jesús Aguirre detalla en su respuesta que, "una vez que se retomen las reuniones del grupo de trabajo bilateral entre ambas administraciones cuando la situación epidemiológica lo permita", se deberá, por un lado, "acordar los pagos debidos al SSPA por parte de la Administración Penitenciaria".
E, igualmente, "suscribir un nuevo convenio de colaboración entre la Consejería de Salud y Familias y el Ministerio del Interior que establezca el marco adecuado para iniciar la transferencia de los servicios sanitarios penitenciarios, con la correspondiente asignación financiera, y las condiciones óptimas de recursos humanos y materiales que garanticen la prestación de la asistencia sanitaria penitenciaria al mismo nivel de calidad y de equidad que a los demás ciudadanos de Andalucía".
Indica también el consejero que "el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, como órgano responsable de la ejecución de la transferencia de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, habrá de establecer el calendario de abordaje de este asunto en la Comisión Mixta de Transferencias".
El titular andaluz de Salud y Familias concluye su respuesta precisando que "el traspaso de la Sanidad Penitenciaria a la Junta de Andalucía es un proceso que ha de realizarse de forma simultánea con las 15 comunidades autónomas que igualmente han de recibir esta competencia".
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