SEVILLA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las Comunidades Autónomas de Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León, Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta han reclamado este viernes una reunión del Gobierno con todos los territorios para trabajar sobre la nueva adenda de los fondos europeos. Al tiempo, han denunciado "falta de diálogo y transparencia" y reprochan al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "vuelva a incurrir en los mismos errores" que con el diseño del plan de ejecución.
En un comunicado conjunto, los consejeros de Economía de estas regiones han considerado que "lo mínimo que se puede pedir es hablarlo con las CCAA". "Los fondos europeos no son patrimonio del Gobierno, sino que pertenecen a todos los españoles", han señalado. Los 84.000 millones de euros de este segundo tramo computarán como deuda y los tendrán que ejecutar este gobierno y el siguiente.
Sobre este asunto, los consejeros denuncian la falta de "diálogo, negociación y debate" del Gobierno con CCAA, en el diseño y planificación de la solicitud de los 84.000 millones de euros de créditos a la Unión Europea, la adenda o segunda parte de los fondos adjudicados a España dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los Fondos EU-Next Generation.
Asimismo, han lamentado que el Gobierno "vuelva a incurrir en los mismos errores" que con el diseño del plan de ejecución de los Fondos europeos y "no haya negociado con las Comunidades Autónomas las líneas de inversión, los objetivos o los hitos".
Las CCAA han considerado, "más todavía si cabe, una auténtica incongruencia del Gobierno" la falta de diálogo cuando el Gobierno prevé que sean las propias CCAA las que movilicen estos préstamos a través de un fondo, además de los mecanismos ICO. "La falta de cogobernanza y trasparencia de la que hace gala el Gobierno" esconde "claras debilidades" que "aleja la posibilidad real de éxito" en el desarrollo de un plan que es "una oportunidad histórica para España".
Asimismo han apuntado que los consejeros no pueden compartir lo afirmado por el Gobierno cuando indica que "el proyecto de adenda es fruto del intenso diálogo con las Comunidades Autónomas" o "tras un intenso proceso de consulta con las administraciones territoriales" pues "no responde a un proceso abierto de dialogo, consenso y debate. De hecho, hasta el anuncio del Gobierno las Comunidades Autónomas no teníamos conocimiento del nuevo Plan y hemos podido conocerlo por la información trasladada a través de la prensa", han remarcado.
También han recordado los antecedentes de la negociación y aprobación del Real Decreto 36/2020 de fondos europeos, que "resta credibilidad al Gobierno", mostrando "cómo la ejecución del plan es escasa, las reformas pactadas no se cumplen y las convocatorias de los Perte no alcanzan lo previsto".
"Los fondos europeos no son patrimonio del Gobierno, sino que pertenecen a todos los españoles", han destacado los consejeros, que, además, señalan que los 84.000 millones de euros de este segundo tramo computarán como deuda y los tendrán que ejecutar este gobierno y el siguiente. "Lo mínimo que se puede pedir es hablarlo con las CCAA", han apuntado.
"Por otro lado, la adenda al plan que ha aprobado el Gobierno profundiza en las carencias del plan inicial y no contiene ningún mecanismo de trasparencia; a la par que la vicepresidenta Calviño ha utilizado esta solicitud para encubrir insolvencias del plan anterior y pedir más tiempo para el cumplimiento de los compromisos", han agregado. "Sorprende que el Gobierno haya utilizado alguna reunión de hace tiempo para defender y justificar ente Bruselas que ha habido diálogo, tal y como pide la Comisión", han subrayado los consejeros.
"Queda ya poco tiempo para revertir la mala ejecución y diseño de la aplicación de los fondos europeos por lo que propone una cogobernanza real con CCAA y Ayuntamientos junto con la aplicación de incentivos fiscales que permitan ir mucho más deprisa en la ejecución", han advertido.
Por ello han sostenido que lo primero que hay que hacer es sentarse con las CCAA, Ayuntamientos, sindicatos y patronal y, con las entidades financieras. "Tendríamos que implicar a las entidades financieras, que fueran partícipes, como hace el ICO, en un porcentaje de esos importes, para que haya una corresponsabilidad en el riesgo y, a partir de ahí, intentar trasladar a todo el mundo la histórica oportunidad que tenemos como país", han señalado.
Desde Andalucía se ha reiterado al Gobierno la petición de realizar una reprogramación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para dar cabida, de manera prioritaria, a actuaciones y Pertes en materia de infraestructuras hídricas de manera que se atienda a las necesidades de los principales sectores económicos y productivos de la comunidad autónoma, con especial atención al sector agrario, al industrial y al turístico, donde el agua es un recurso estratégico del que depende el progreso y el desarrollo económico de la región, gravemente amenazado por la sequía persistente derivada del cambio climático.
Asimismo, se ha considerado "urgente" adecuar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia al impacto de la crisis inflacionaria, de manera que se permita ayudar al tejido productivo a soportar el incremento del costo de sus inputs, a mitigar la pérdida de poder adquisitivo de las familias, y contemplar la actualización de hitos y objetivos a cumplir por las administraciones, principalmente en lo relativo al aumento de los costes de las licitaciones y contratos para la ejecución del Plan
Del mismo modo que en las diferentes fases de la tramitación del Plan de Recuperación, las CCAA continuarán trabajando leal y constructivamente para que los fondos europeos promuevan la verdadera transformación económica y social que España necesita, manteniéndose a la altura que requiere nuestro país.
Por ello, los consejeros de estas CCAA han solicitado la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación dependiente del Ministerio de Hacienda, la reunión con las CCAA para trabajar sobre la nueva adenda que afecta tanto al incremento del Plan como a la parte de préstamos que se va a solicitar, habilitar los instrumentos necesarios para dotar de mayor transparencia la ejecución de los fondos (entre otros el COFFEE) y permita una mejor valoración del estado actual del Plan de Recuperación, y transparentar la información en el seguimiento de la gestión de los Perte.
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