Actualizado 02/07/2016 12:52 CET

Andalucía reduce su periodo medio de pago a proveedores hasta 23,82 días

SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha continuado reduciendo su periodo medio de pago a proveedores (PMP) y lo ha situado en 23,82 días en mayo, lo que supone 2,41 días menos que en el mes anterior, que fue de 26,23 días.

Con este dato, la comunidad autónoma mantiene esta tendencia con una bajada acumulada de 14,73 días en lo que va de año, ya que, en enero, el registro de su PMP fue de 38,55 días, según ha destacado este sábado en una nota la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta.

De esta manera, el departamento que dirige María Jesús Montero ha destacado que, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, Andalucía se sitúa 20,69 días por debajo de la media regional, con un PMP en abril de 26,23 días, frente a los 46,92 días del conjunto de las comunidades. Concretamente, Andalucía figura entre las cinco comunidades de régimen común con mejor dato en el periodo.

Tras Andalucía se encuentran comunidades como Extremadura (110,67 días) o Aragón (95,36), cuyo PMP "triplica el límite de 30 días que establece la normativa estatal de estabilidad", mientras que Castilla y León se sitúa en 76,38 días, Valencia en 73,23 días, Baleares en 60,72 días y Madrid en 47,39 días.

También tienen un PMP superior al de Andalucía las comunidades de Cantabria (45,81), Castilla-La Mancha (32,56) y Cataluña (32,53), todas ellas por encima del máximo fijado, según explica la Consejería de Hacienda, que incide en que "los datos de pago a proveedores de la Junta de Andalucía reflejan el esfuerzo realizado en los últimos meses por la Consejería de Hacienda y Administración Pública para apoyar al tejido productivo, y en especial a las pymes de la comunidad, mediante el abono de las facturas en plazos cada vez más reducidos".

No obstante, "el compromiso de la Junta va más allá y reducirá a 20 días naturales, en lugar de los 30 previstos en la normativa vigente, el plazo para abonar las facturas vinculadas a la prestación de los servicios públicos esenciales, las becas y las ayudas al estudio y al empleo".

Además, establecerá "un mecanismo de garantía de estos nuevos tiempos de pago, con el fin de solventar posibles incidencias e impedir demoras". Así se recoge en la propuesta de decreto que presentó la consejera María Jesús Montero el pasado 24 de mayo en el Consejo de Gobierno y que, actualmente, se encuentra en trámite de información pública.