SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha revelado este jueves que sólo un 8% de los municipios con vivienda pública de la Junta en régimen de alquiler bonifica el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), como así puede hacer según la Ley de Haciendas Locales hasta alcanzar un 95% de bonificación.
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), de quien depende la "repercusión" del IBI en los inquilinos de las más de 48.000 viviendas públicas en régimen de alquiler que hay en la comunidad, destina a pagar este impuesto once millones de euros anuales, un 10% de su presupuesto. Una vez abonado éste a los ayuntamientos que tienen en sus términos viviendas de la Junta en alquiler, AVRA tiene la "obligación" --también por ley-- de repercutir esta cantidad en los recibos de los inquilinos.
"La petición que formula anualmente AVRA a los ayuntamientos para la bonificación del IBI, no siempre goza de la acogida que nos gustaría", ha reconocido la consejera en su intervención en la comisión parlamentaria con motivo de la comparecencia solicitada por el grupo socialista. En su exposición, Rocío Díaz ha detallado que en 2023 y lo que llevamos de 2024 "sólo han atendido la petición en 37 municipios de un total de 461 solicitudes". Pese a que AVRA tiene la "obligación de repercutir el IBI, no se hace de forma fría o impersonal", ha defendido la consejera.
En este sentido, ha destacado que el "empeño" del Gobierno andaluz es "asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda", ya que es consciente, ha dicho la consejera, de que estas viviendas públicas en régimen de alquiler están habitadas por familias con "escasos recursos económicos". Ante esto, AVRA se muestra "flexible y sensible" y, entre otras medidas, prorratea en doce meses el pago de ese IBI que repercute para "hacer menos gravoso" el abono.
Otro de los mecanismos que utiliza es el Programa de Determinación Temporal de Renta, que tiene como objeto el desarrollo de medidas para la atención de situaciones socioeconómicas de las familias residentes en el parque público de viviendas titularidad de la Junta de Andalucía que puedan surgir de forma coyuntural y que dificulten el abono del importe de la renta o de las deudas comprometidas debidamente acreditadas y estudiadas.
Y todo durante el tiempo en que estas familias no cuenten con cobertura suficiente permanente o temporal del Sistema Público de Servicios Sociales o de alguna otra ayuda o prestación destinada al pago del alquiler de su vivienda habitual; o mejoren sus circunstancias socioeconómicas por otra vía. En los últimos años, una media de 300 familias inquilinas del parque público se han acogido anualmente a los beneficios de este programa.
Además, a aquellas familias que deben a la Junta pueden abonar lo adeudado en "plazos asumibles mediante la suscripción de un documento en el que reconocen las cantidades y se comprometen a su pago en un periodo de tiempo que puede alcanzar hasta los cinco años". En los últimos años se han firmado más de 1.000 documentos de este tipo. "AVRA no es una agencia recaudadora. Estamos al lado de las familias", ha remarcado la consejera de Fomento, que ha asegurado, asimismo, que la Junta "pelea para que el IBI sea siempre el más bajo posible", vigilando el valor catastral del parque público en alquiler.
Para evitar su revalorización una vez que concluye el periodo de protección de las viviendas, en el Plan Vive y en el Decreto de Simplificación se recogió la prórroga de la calificación de las viviendas públicas "en tanto en cuanto continuaran siendo de titularidad de la Junta". "Algunos valores catastrales han subido pese a esta normativa", ha reconocido Rocío Díaz, que ha apuntado que en estos casos se toman medidas. De hecho, en los últimos tres años se han hecho una media de 600 gestiones anuales en relación con la modificación de los valores catastrales.
La consejera ha contestado así a la petición de información formulada por el grupo socialista. La diputada Isabel Ambrosio ha reconocido que el "interés" de los socialistas deriva de una sentencia del Constitucional en la que se reconoce que el IBI no debe ser repercutido en las viviendas públicas hechas por la iniciativa privada. Aunque esta sentencia no se pronuncia sobre los inmuebles públicos construidos por lo público, Ambrosio ha vaticinado que "más pronto que tarde" esta sentencia "tendrá efectos" en la Junta y, por eso, "nos ofrecemos a trabajar conjuntamente para que no nos pille el toro".
Ambrosio ha afeado que la Junta pida un esfuerzo a los ayuntamientos para que bonifiquen el IBI pero "sin contraprestación alguna". "Cuanto más solidario es un ayuntamiento, más merma tiene en sus arcas públicas", ha dicho la diputada socialista, aludiendo a que la Patrica --fondos que la Junta transfiere a los ayuntamientos-- "no se cumple" y a que "no existe" un Plan de Cooperación. La consejera ha reconocido que la Junta conoce la sentencia del Constitucional pero ha afirmado: "En principio, no afecta a las viviendas públicas de promoción pública".
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