SEVILLA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar en la reunión que celebrará este lunes el decreto que establecerá una nueva regulación sobre la garantía de tiempos de pago en sectores prioritarios, que reducirá a 20 días el plazo máximo de abono a los servicios esenciales relacionados con sanidad, educación y servicios sociales y establecerá una "garantía de pago" en caso de incumplimiento por parte de la administración autonómica.
El Consejo de Gobierno se celebrará este lunes en lugar del martes, como suele ser habitual, debido a que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se desplazará a Madrid para intervenir en la Conferencia de Presidentes que se celebrará este martes.
El borrador de este decreto fue objeto de debate en la reunión del Consejo de Gobierno que se celebró el 24 de mayo de 2016, donde la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, explicó su contenido y dio cuenta del mismo en la rueda de prensa posterior.
Fuentes de la Junta han manifestado a Europa Press que lo previsible es que, además del portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, comparezca la consejera en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno para informar sobre la aprobación del decreto y también para dar cuenta de la entrada en vigor, este lunes, de la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Junta.
Según explicó Montero en mayo, junto con la reducción del tiempo de pago por servicios prioritarios y concesión de becas y ayudas al empleo, el decreto también fija en un máximo de 45 días el plazo para el pago de subvenciones en estas áreas esenciales. Dijo que el objetivo del decreto, "que no existe en ninguna otra comunidad autónoma ni en la administración central", es "proteger los servicios esenciales" y la "sostenibilidad del Estado del Bienestar" garantizando el pago en plazo de "las nóminas que dependen de los contratos de la Junta".
Añadió que el decreto reconoce el derecho del "beneficiario a acudir a una entidad financiera para que le abone la factura correspondiente sin coste adicional" en caso de que "la administración no la abone en tiempo y forma", algo que, según subrayó, "no existe en ninguna otra administración".
Según Montero, la entrada en vigor de este decreto, que también incluye al sector instrumental, permitirá garantizar pagos "por más de 6.000 millones de euros" a sectores prioritarios, en concreto 3.000 millones de euros en salud, 1.600 millones en educación y 1.520 millones en servicios sociales.
La consejera explicó que además el decreto establecerá un mecanismo de garantía de estos nuevos tiempos de pago, en caso de incumplimientos, con el fin de solventar incidencias e impedir demoras.
Así, la garantía de abono en 20 días se vinculará a los servicios públicos educativos, sanitarios y de servicios sociales. En educación, se agilizarán los pagos por prestaciones de apoyo a las familias --gratuidad de libros de texto, aula matinal, transporte escolar, comedores escolares, becas y ayudas al estudio, Becas 6000 y de Segunda Oportunidad y plan deporte en la escuela--; por los conciertos docentes, y por los gastos de limpieza, seguridad, electricidad y funcionamiento de los centros sostenidos con fondos públicos.
En el sector sanitario se incluyen las facturas relativas a la atención sanitaria, los conciertos (como los de transporte sanitario, diálisis o rehabilitación) y todas aquellas partidas necesarias para el funcionamiento de los centros (agua, gas, limpieza, lavandería y prestaciones farmacéuticas y complementarias, entre ellas).
Por su parte, en los servicios sociales destacan los relacionados con atención a la infancia, dependencia, asistencia jurídica gratuita, drogodependencias y protección contra la violencia de género.
En cuanto a las subvenciones, en el ámbito educativo, supondrá agilizar los abonos relativos a alumnos con necesidades específicas, escuelas hogar, proyectos de plurilingüismo, mediación intercultural, formación en centros de trabajo e innovación. En los servicios sociales, la reducción de tiempos beneficiará sobre todo a pensiones asistenciales y ayudas para mayores y discapacitados, víctimas de violencia de género, instituciones de acogimiento y familias en dificultad, entre otras.
De esta forma, para ejecutar esa garantía, un beneficiario de ayuda, beca o perceptor de algún pago pendiente de alguno de estos servicios podrá acudir a una entidad financiera en el caso de que no haya recibido la cantidad que se le debe después de esos 20 días, esa empresa o entidad irá a la oficina virtual, se baja el estado de su factura y comunica su situación a la Tesorería, donde, o bien le abona la cantidad adeudada "inmediatamente" o bien se le emite un certificado de pago, para acudir a la entidad financiera donde le será abonado la cantidad debida "y sin coste adicional", en un plazo máximo de siete días.
Las medidas previstas agilizarán los procedimientos de gestión, fiscalización y contabilización en todas estas áreas esenciales, garantizando así el pago de más de un millón de facturas al año por un importe estimado de 6.150 millones de euros. Esta cantidad supone el 80 por ciento de lo presupuestado del total de los capítulos II (gasto corriente en bienes y servicios) y IV (transferencias corrientes), excluyendo las transferencias a las empresas públicas.
En el área sanitaria la garantía alcanzará a unas 460.000 facturas anuales (3.000 millones de euros); en educación a 560.000 (1.630 millones), y en servicios sociales a 140.000 (1.520 millones).
Para evitar demoras involuntarias, el sistema enviará alertas automáticas a los órganos encargados de reconocer las obligaciones y de pagar, en caso de que tengan facturas próximas a vencimiento.
OFICINA DE ATENCIÓN A ACREEDORES
Los acreedores podrán obtener información sobre el estado de tramitación de sus pagos pendientes a través de la oficina virtual de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. A ello se añade, como novedad, la creación de la Oficina de Atención a las Personas Acreedoras, donde podrán solicitar certificados que acrediten posibles deudas vencidas, líquidas y exigibles a la Administración. También podrán reclamar en el caso excepcional de que alguna factura no se abone en 20 días y hacer efectiva esta garantía de tiempo de pago.
El contratista, proveedor o beneficiario de una subvención que presente una reclamación ante la nueva Oficina de Atención, y al que se le hará "un seguimiento de su caso", recibirá, en un máximo de siete días, una respuesta de la Administración indicándole la fecha exacta del pago, o bien otorgándole una acreditación positiva para hacer efectiva la garantía de pago en la entidad financiera que colabore con la Junta.
