La Junta busca reducir su factura de sedes alquiladas, por las que paga casi 60 millones anuales

SEVILLA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento este martes de la iniciativa de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos para elaborar un plan de eficiencia y ahorro de las sedes administrativas de la Junta de Andalucía.

El Gobierno andaluz dice que se propone reducir la cuantía que paga por el alquiler de las sedes administrativas, que asciende a 57,7 millones de euros, una cifra de revisión anual con el IPC, así como busca dar uso a los inmuebles infrautilizados o en desuso, de los que ha asegurado que en muchos casos están abandonados o en estado semirruinoso.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha sostenido en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que "en 2014 el anterior gobierno socialista enajenó 70 inmuebles, ingresó 300 millones de euros", y con la operación financiera sale&lease back (venta con alquiler posterior), propició que la Junta de Andalucía se vea pagando alquileres desde 2014 hasta 2034, que son 35 millones al año, por lo que España ha apuntado que "pagaremos algo más de 700 millones en alquileres y sin tener la propiedad de 70 inmuebles".

Según ha explicado el Gobierno andaluz por medio de una nota, la decisión de elaborar este plan de eficiencia y ahorro se produce tras detectar "tres graves problemas" que afectan a las sedes administrativas donde trabajan cerca de 30.000 empleados públicos.

La Junta de Andalucía ha apuntado que el principal problema es que muchas sedes se encuentran en edificios por los que la Junta de Andalucía paga un arrendamiento, con ese coste ya mencionado de casi 60 millones. En estas sedes desarrollan su trabajo prácticamente la mitad de los trabajadores de la Junta de Andalucía destinados a labores de carácter administrativo.

El segundo problema que menciona el Gobierno andaluz es la dispersión de las sedes administrativas de la Junta de Andalucía, a lo que suma en tercer lugar la falta de adecuación de muchos edificios para ejercer como sede administrativa y los servicios que deben prestarse.

La intención del Gobierno andaluz es poder presentar este plan después del verano, del que prevé que propiciará reducir el número de los edificios por los que la Junta paga un alquiler, su cuantía y buscar alternativas contra la dispersión de las sedes y su adecuación al servicio que prestan.

La pretensión de la Junta es la rehabilitación de edificios abandonados o infrautilizados, la construcción de nuevos edificios si fueran necesarios, y la enajenación o buscar fórmulas de explotación más adecuadas de los edificios que no reúnan condiciones para su uso administrativo.

También deberá plantear la reordenación de las sedes administrativas en cada una de las provincias para potenciar el uso más eficiente de los edificios y concentrar los espacios. El objetivo último es mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos y la prestación de los servicios a los ciudadanos.

La Junta señala que el plan contribuirá a los objetivos de la transición ecológica, dotar de mayor eficiencia a los edificios y a la mejora de los servicios y equipamientos de las ciudades.