SEVILLA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este martes a la tramitación del anteproyecto de la ley andaluza de voluntariado, que regulará la participación de los menores a partir de los doce años y reconocerá modalidades no presenciales vinculadas a las nuevas tecnologías, una norma que sustituirá a la vigente desde 2001 y que supone "un avance en la regulación de derechos, tanto de quien recibe como de quien ejerce la acción".
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha explicado que la futura ley se adaptará a la realidad actual del movimiento voluntario que, con 400.000 personas y más de 2.700 asociaciones inscritas, "se ha convertido en un sector clave para la cohesión social de la comunidad autónoma".
Ha indicado que la nueva norma "recoge el testigo" de la de 2001, regulará qué es el voluntariado y supone un "esfuerzo muy importante" en un momento en el que "crece la conciencia de la responsabilidad". Así, Sánchez Rubio ha señalado que ahora comienza la tramitación del texto, de manera que no cuenta aún con memoria económica, y ha subrayado que es el resultado de un "amplio consenso" que se ha sustanciado en jornadas provinciales en las que se ha hecho un diagnóstico de la situación del voluntariado en Andalucía y se han recogido aportaciones de las entidades involucradas.
La titular andaluza de Igualdad y Políticas Sociales ha manifestado que este anteproyecto de ley busca "adaptarse a la realidad actual, a la forma de participar solidariamente de las personas más jóvenes" y también "recoge normativas y tratados europeos que adaptan el texto a la realidad del voluntariado", si bien ha aclarado que "no cierra el paso a que el voluntariado vaya evolucionando".
Ha indicado que "amplía los derechos de la ciudadanía en Andalucía, es un espacio abierto y flexible para la concepción del voluntariado" y además "se pone límite a la tentación de que la Administración incida en la acción del voluntariado" algo que entiende que corresponde de la sociedad civil. Así, ha recalcado que la nueva norma aporta autonomía e independencia, "algo fundamental para que las entidades puedan desarrollar los proyectos de acuerdo a criterios solidarios y no condicionados por ningún otro elemento".
Así, ha explicado que la norma reconocerá modalidades en auge pero no reguladas en la legislación actual, como las que se desarrollan en los ámbitos universitario y empresarial, las que se centran en actividades limitadas temporalmente o las que se promueven en entornos virtuales que no requieren la presencia física de los participantes en las entidades. El anteproyecto abarca todo el abanico de la actividad solidaria, desde la más centrada en lo asistencial hasta la que desarrolla propuestas más transformadoras de incidencia económica, política, cultural o la digital que, según ha indicado, ha sufrido "una evolución muy importante".
En relación con las personas menores desde 12 años, ha señalado que el anteproyecto prevé como novedad una serie de medidas para "fomentar el contacto con iniciativas solidarias tanto en la escuela como en contextos de aprendizaje más informales, como los espacios de participación juvenil, dado que estas experiencias a edad temprana son fundamentales para mantener una actividad voluntaria a lo largo de toda la vida".
En línea con esta ampliación del ámbito, el texto incorpora también disposiciones dirigidas a favorecer el acceso de las personas con discapacidad, las mayores y las que están en situación de dependencia.
Respecto a las nuevas modalidades que serán reguladas por primera vez, Sánchez Rubio ha indicado que el proyecto "establece cauces para reforzar los vínculos entre las iniciativas emergentes ciudadanas, como plataformas cívicas o movimientos vecinales, y el movimiento voluntario más organizado". "Se reconoce así la importancia que estas actividades presentan como vías de acceso al ámbito de la acción solidaria", ha agregado.
EL PAPEL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Asimismo, ha recalcado que un tratamiento similar reciben en el anteproyecto las modalidades telemáticas de participación, de tal modo que el voluntariado digital u 'on line' "se reconoce en idénticas condiciones que el resto de actividades de carácter presencial". Y es que el texto considera el rol de internet en una doble vertiente: como herramienta para acciones de cibervoluntariado y como espacio de colaboración para las entidades.
Para completar la delimitación del ámbito del voluntariado con una mayor concreción que la ley vigente, el anteproyecto añade las exclusiones de las prácticas no laborales en empresas, las prácticas académicas externas, los trabajos de colaboración social, las becas y las actividades cuyo objetivo principal sea la formación.
Como novedad destacada, la titular del ramo ha indicado que la futura ley también impedirá que la acción voluntaria organizada sea causa justificativa de la extinción de contratos de trabajo por cuenta ajena, tanto en el sector público como en el privado.
Asimismo, recoge la previsión de establecer, a través de la negociación colectiva, mecanismos de flexibilización de la jornada laboral que permitan a los trabajadores por cuenta ajena participar en actividades de voluntariado. "Las actividades solidarias tampoco podrán sustituir a las administraciones públicas en aquellas funciones o servicios públicos a cuyas prestación estén legalmente obligadas", ha explicado.
Entretanto, el nuevo texto regula los derechos y deberes tanto de las personas voluntarias como de las destinatarias, "de tal modo que a estas últimas se les reconoce el poder de decisión sobre las acciones que desean recibir".
Y también ha apuntado como novedosa la introducción de un sistema objetivo de reconocimiento de las competencias adquiridas por la persona voluntaria en el desarrollo de su actividad, de acuerdo con la normativa general de acreditación de las mismas por experiencia laboral o por vías no formales de aprendizaje.