Junta defiende la universalidad de la atención sanitaria y exige la derogación del decreto que "excluye" a inmigrantes

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha insistido este sábado en "la necesidad de defender la universalidad de la atención sanitaria", y ha exigido nuevamente la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 que "excluye explícitamente a las personas inmigrantes".

Así lo indica este sábado en un comunicado con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud, que este año se conmemora bajo el lema 'Salud para todos con la cobertura universal'.

La Consejería de Salud subraya que en Andalucía se garantiza "una sanidad pública universal, con el mismo acceso y los mismos derechos para toda la población, y donde las personas inmigrantes son atendidas en igualdad de condiciones".

A este respecto, la consejera de Salud, Marina Álvarez, subraya que "la defensa de la universalidad es una decisión solidaria y de salud pública que intenta proteger a la población más vulnerable y sin recursos".

Tal y como agrega la consejera, mayoritariamente las personas inmigrantes son sanas, si bien, "está constatado que son las situaciones de exclusión las que derivan en problemas de salud, así como no realizar programas de prevención y promoción de la salud, lo que sí podría entrañar riesgos para la propia población andaluza y española".

Por este motivo, desde Andalucía "se sigue defendiendo una sanidad pública universal, con el mismo acceso y los mismos derechos para toda la población" y, desde la Consejería de Salud, se insiste "en la necesidad de volver a la situación previa a la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012 para evitar cualquier tipo de discriminación".

MÁS DE 47.000 PERSONAS ATENDIDAS EN ANDALUCÍA

En Andalucía, la población inmigrante recibe un documento de reconocimiento temporal que se emite en los distritos de atención primaria y que garantiza el acceso al sistema sanitario público dentro de la comunidad autónoma.

Según explican desde Salud, este documento es fruto de diversos convenios suscritos con asociaciones y organizaciones no gubernamentales al objeto de facilitarle a este colectivo su acceso al servicio sanitario con todos los derechos.

Con este documento se hace posible la identificación de las personas inmigrantes y permite hacer un seguimiento de los servicios que se les presta y de su estado de salud.

En la actualidad, más de 47.000 personas tienen reconocido el derecho a la asistencia sanitaria en Andalucía, una población que se hubiera quedado sin prestación sanitaria con la normativa estatal.

Desde la Junta sostienen que la exclusión de la sanidad pública de la población inmigrante en situación administrativa irregular "no es una medida de ahorro, ya que su frecuentación a los servicios sanitarios es baja".

De hecho, según detalla Salud, las atenciones a la población inmigrante no regularizada supone una mínima parte del total de las asistencias sanitarias. Las atenciones a estas personas en Atención Primaria sólo suponen el 4,2 por ciento, el 0,56 por ciento de las consultas hospitalarias, el 0,46 por ciento de las urgencias hospitalarias, y el 0,49 por ciento de las urgencias en Atención Primaria.

COPAGO FARMACÉUTICO

Además, el Real Decreto 16/2012 del Gobierno del Partido Popular, según la Junta, "ha penalizado a los ciudadanos más vulnerables con el copago farmacéutico".

Desde el Gobierno regional advierten de que "los más afectados por esta medida son los pensionistas andaluces mayores de 65 años, ya que les obliga a pagar entre el diez y el 60 por ciento del coste de sus tratamientos, y establece que el usuario abone y después solicite un reintegro de los gastos si se superan los límites mensuales".

En Andalucía, "para paliar este copago farmacéutico y gracias al desarrollo de la receta electrónica", los pensionistas no tienen que adelantar cantidades económicas una vez que se llega al tope máximo, ya que la receta electrónica permite cobrar sólo hasta los umbrales establecidos por el Ministerio, evitando así que los ciudadanos tengan que adelantar dinero por la compra de sus fármacos, según destaca la Junta, desde donde matizan que, en otras comunidades, los pensionistas tienen que solicitar la devolución de estos importes aportados por encima del tope máximo fijado.

La Consejería de Salud "ha evitado que los pensionistas hayan tenido que adelantar, desde que empezó el copago farmacéutico en julio de 2012 y hasta febrero de 2018, un total de 207,44 millones de euros por la aplicación del copago en farmacia".

Así, 336.000 personas al mes se benefician de este procedimiento, con lo que han evitado tener que adelantar dinero en el momento de la retirada de sus medicamentos, subraya la Junta, que defiende que, con esta medida, Andalucía ha evitado también la tramitación de 22,9 millones de expedientes administrativos relacionados con la devolución de los importes abonados por encima de los topes máximos establecidos, como sí ocurre en otras comunidades autónomas, según apostilla la Consejería de Salud.