Junta destaca el "derecho a reparar aparatos electrónicos" como refuerzo a la garantía

SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Consumo, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que dirige Antonio Sanz, ha destacado, con motivo del Día Internacional del Técnico Electrónico, la importancia de la reparación profesional como garantía de seguridad, ahorro y sostenibilidad para las personas consumidoras.

Coincidiendo con esta efeméride, que reconoce la labor esencial de estos profesionales, Consumo subraya además los avances normativos con la aplicación de la Directiva (UE) 2024/1799, que refuerza el denominado derecho a reparar y, por ende, el derecho a la garantía de las personas consumidoras, según se recoge en una nota de la Junta.

Consumo pone de relieve el papel fundamental que desempeñan las personas profesionales técnicas en el funcionamiento seguro de los aparatos de uso cotidiano, como electrodomésticos y dispositivos móviles, y recuerda que el trabajo profesional y cualificado es clave para garantizar intervenciones seguras y eficaces.

La nueva Directiva europea, en vigor desde 2024 y que deberá incorporarse a los ordenamientos jurídicos nacionales antes del 31 de julio de 2026, establece obligaciones comunes para fabricantes y empresas, con el objetivo de facilitar y promover la reparación frente a la sustitución prematura de aparatos electrónicos.

Entre las principales novedades, la normativa obligará a los fabricantes, incluso una vez finalizado el periodo de garantía legal, a ofrecer la reparación de productos como lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, aspiradoras, pantallas, teléfonos móviles, tabletas o dispositivos con baterías para medios de transporte ligero, como patinetes o bicicletas eléctricas, entre otros.

Esta reparación deberá realizarse de manera gratuita o a un coste razonable y dentro de un plazo adecuado, evitando prácticas que dificulten el acceso a la reparación o empujen a la ciudadanía a comprar un producto nuevo.

La Directiva también refuerza la obligación de ofrecer información clara, comprensible y accesible sobre los servicios de reparación disponibles. Asimismo, establece que las piezas de repuesto deberán estar disponibles a precios asequibles, con el fin de no desincentivar la reparación, y fija un compromiso mínimo de 10 años de disponibilidad de piezas desde que el producto deja de fabricarse.

Mientras dure la reparación, las empresas podrán facilitar un producto de sustitución y, si la reparación no fuera posible, se permitirá ofrecer un producto reacondicionado como alternativa.

Para la Dirección General de Consumo, este nuevo marco implica un modelo de consumo más responsable, sostenible y alineado con los principios de la economía circular. La posibilidad de reparar más productos y durante más tiempo contribuye a reducir el volumen de residuos electrónicos, uno de los flujos de desechos que más crece en la Unión Europea.

Del mismo modo, Consumo recuerda que recurrir a servicios técnicos no autorizados o informales, además de mermar la seguridad del tratamiento de los aparatos, puede derivar en reparaciones defectuosas, pérdida de garantías o riesgos eléctricos o de incendio.

Por ello, se recomienda siempre acudir a profesionales cualificados, solicitar un presupuesto previo, verificar la garantía de la reparación y conservar las facturas.