SEVILLA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este martes del informe elaborado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación sobre los proyectos que se van a desarrollar con cargo a los fondos europeos Next Generation para la recuperación económica y social tras la pandemia. La partida de 450 millones de euros destinada a Andalucía hasta 2023 supondrá la completa transformación de los servicios sociales en la región al permitir, entre otros elementos, la implantación de nuevos complejos de atención a las personas mayores y con discapacidad.
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, según ha explicado su titular, Rocío Ruiz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, se plantea la disponibilidad de estos fondos como una gran oportunidad de transformación de los servicios sociales, de manera que sea posible y realizable un nuevo modelo de atención, en el que la persona ocupe el centro de toda intervención y que dé una respuesta ágil, eficaz y eficiente a las necesidades de las personas más vulnerables: Infancia y adolescencia, personas en situación de dependencia y personas con discapacidad.
Esta apuesta por un cambio estructural queda plasmada en comunidades de servicios sociales enfocadas a las personas mayores y con discapacidad.
En concreto, se trata de un complejo residencial y de servicios que fomenta la autonomía y la convivencia intergeneracional al incluir apartamentos para personas mayores y para personas con discapacidad en los que puedan vivir con sus familias; viviendas colaborativas para mayores y universitarios, o residencias para las personas que necesiten un cuidado más específico, según ha expuesto Ruiz.
En este caso, tendrán un enfoque más humano con pequeñas unidades de convivencia de entre 12 y 16 personas. Además de la solución habitacional, el complejo incluirá también servicios asistenciales como centros de día, de participación activa, de educación infantil, bibliotecas, cafeterías, huertos, piscinas o espacios deportivos.
La Consejería de Igualdad tiene ya proyectados los dos primeros complejos de este tipo destinados a personas mayores y con discapacidad. Uno en el que convivirán unas 400 personas y otro para 120, aunque al incluir servicios como los centros de día o CPA se dará cobertura a unas 2.000 personas.
El planteamiento del proyecto desarrolla el modelo más próximo a la desinstitucionalización, conocido como AICP (Atención integral centrada en las personas), que supone una mejora de la calidad de vida y el bienestar de la persona, partiendo del respeto pleno a su dignidad y derechos, de sus intereses y preferencias y contando con su participación efectiva.
Así, de esta manera las personas que lo necesiten podrán contar con los diferentes recursos a lo largo de su vida en función de la evolución de su grado de dependencia con el objetivo de que los recursos ubicados en el mismo complejo se adapten a las personas, y no al revés.
450 MILLONES HASTA 2023
Según el reparto establecido por el Consejo territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia, la Consejería de Igualdad dispondrá de 449.872.227 euros: 124.968.307 euros para 2021; 153.901.857 euros para 2022 y 171.002.063 euros para el año 2023.
Los proyectos se articulan en torno a cuatro ejes estratégicos. El primero de ellos será 'Andalucía más cercana', dotado con 323 millones de euros y que, junto a los complejos de servicios sociales ya referidos, apuesta por un nuevo modelo de atención para los cuidados de larga duración.
Se trata de un modelo progresivo de intervención, en el que se prioriza mantener a la persona en su domicilio y que abarca desde el fomento de la autonomía y prevención de la dependencia, a la atención domiciliaria y centros de día y, finalmente, la asistencia residencial. Asimismo, incluye la creación de centros de cuidados intermedios, que garantizarán la continuidad asistencial a los andaluces y, con la intervención adecuada, evitarán que las personas con patología potencialmente cronificable acaben en situación de dependencia.
La segunda línea de actuación se ha denominado 'Andalucía más infancia', y está dotado con 21,7 millones de euros para posibilitar un nuevo modelo de atención a la infancia y adolescencia en el que los derechos de los menores se sitúen en el centro de la intervención. Además, se apuesta definitivamente por el acogimiento familiar como medida de protección más adecuada, como ya recoge el texto de la nueva Ley de Infancia y Adolescencia.
Para ello se contemplan tres líneas de actuación: renovación de las infraestructuras de atención a infancia y adolescencia, fomento del acogimiento familiar y apoyo a las familias acogedoras y fortalecimiento de los servicios de atención a la infancia.
El eje 'Andalucía más accesible', para el que se destinan 17,5 millones de euros, se plantea el reto de fomentar la accesibilidad universal en todos los ámbitos donde existan barreras que impidan la participación plena de todas las personas en condiciones de igualdad. Así, se contemplan acciones que garanticen entornos accesibles, de manera especial en los de titularidad pública, fomentando la inclusión real de las personas con discapacidad, y observando actuaciones no solo dirigidas a la accesibilidad física, sino también a la cognitiva, facilitando la lectura en lenguaje fácil.
Por último, se plantea un eje de carácter transversal, que se ha denominado 'Andalucía más social', dotado de 84 millones de euros.
Este bloque busca una transformación tecnológica de los servicios sociales con la introducción de las nuevas tecnologías que permita mejorar la eficacia y la calidad en la atención, la coordinación, el intercambio de información y la prestación de servicios, así como crear una Administración más rápida y ágil.
Las líneas de actuación que se contemplan en este eje consisten en digitalización y automatización de procesos, aplicación de la Inteligencia Artificial y tecnología Big Data para el desarrollo de modelos de evaluación de políticas públicas o modelos predictivos aplicables a diferentes ámbitos (población potencialmente dependiente, servicio de inspección de servicios sociales, etc.), así como el pilotaje de actuaciones innovadoras.
Uno de los requisitos impuestos por el Ministerio para la aprobación de los proyectos era garantizar la participación de las entidades locales.
No obstante, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales entiende que para llevar a cabo las actuaciones previstas de una manera más eficaz es necesario contar con la participación no solamente de las entidades locales, sino también de las entidades del Tercer Sector de Andalucía, poniendo de manifiesto su apuesta por la participación como un valor fundamental en este nuevo modelo de atención social.
De esta forma, ayuntamientos y diputaciones gestionarán el 20,25% de esos fondos, ya sea directamente o de forma compartida con la comunidad autónoma, mientras que el 17% corresponderán a las entidades sociales y entidades prestadoras de servicios.
