La Junta inicia los trámites para elaborar una nueva Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha instado este martes a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a iniciar las actuaciones necesarias para la tramitación del anteproyecto de la Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía, que vendrá a actualizar la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

"Los cambios normativos, la doctrina establecida por los tribunales de Justicia y las novedades producidas en el ámbito del patrimonio histórico y en el sector cultural, tanto a nivel local como nacional e internacional, aconsejan una revisión en profundidad de la vigente normativa reguladora", ha puesto de manifiesto el Gobierno andaluz en una nota, que llevarán a la aprobación de una ley de Patrimonio Cultural de Andalucía que atienda a la nueva realidad.

La Junta de Andalucía ha explicado que la futura norma tendrá entre sus objetivos incorporar a la Administración autonómica la regulación de los procedimientos para la declaración de bienes como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, así como el seguimiento de la gestión de los bienes ya declarados.

Pretende delimitar de forma más clara las competencias autonómicas y municipales o mejorar la necesaria coordinación con otras políticas como las agrarias, medioambientales y, en especial, las educativas.

Contempla una profunda revisión de todos los procedimientos incorporando novedades en el marco de la simplificación y agilización administrativa, que den respuesta a las necesidades de la gestión del patrimonio y a las nuevas demandas sociales, contribuyendo a la mejora del funcionamiento del tejido económico y empresarial y con el máximo respeto a la tutela del patrimonio cultural.

La Junta asegura que esa agilización administrativa "irá acompañada de la necesaria telematización de los procedimientos" para lograr "una administración más moderna y eficaz".

También ha planteado que "la tutela de los bienes culturales requiere la revisión y actualización del marco regulador de la inspección", por lo que plantea la creación de un cuerpo específico de inspectores del patrimonio cultural, junto a la consecuente adaptación del régimen sancionador.