La Junta se opone a la proposición de Ley de Protección de Animales de Podemos y critica su falta de consenso

SEVILLA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes manifestar su criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de Ley de Protección de los Animales presentada por Podemos por considerar que el texto "tiene clara finalidad recaudatoria, invade otros ámbitos de regulación como la ganadería, la cultura o la protección de menores y carece de consenso" con los sectores afectados.

Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, el texto presentado por la formación 'morada' coincide en gran parte con el contenido de la legislación autonómica vigente en esta materia, integrada básicamente por la Ley 11/2003 de Protección de los Animales, la 8/2003 de la Flora y Fauna Silvestres y la 5/1998 de Perros Guía. No obstante, también señala su finalidad recaudatoria, la falta de consenso con los sectores afectados y la invasión de otros ámbitos normativos.

En relación con la actual Ley de Protección de los Animales, la regulación planteada por Podemos es "prácticamente la misma" en aspectos como las obligaciones de los propietarios, el bienestar en las filmaciones o en el transporte, el acceso a establecimientos públicos, los requisitos para exposiciones y concursos, la retención temporal, las campañas de divulgación o la cooperación administrativa.

Según Blanco, la proposición también incluye previsiones que, como las referidas al bienestar de los animales de compañía o a los perros de asistencia para personas con discapacidad, ya están recogidas en sendos proyectos de ley que actualmente elabora la Junta.

Junto a ello, el Ejecutivo autonómico expresa su disconformidad en relación con otras propuestas que figuran en el texto de Podemos. De este modo, considera que la asociación que se establece entre ganadería intensiva y "maltrato animal" no refleja la realidad de un importante sector de la economía andaluza ni su producción de alimentos seguros y de calidad ni su adaptación a los estándares de la Unión Europea.

Según la Junta, la proposición también recoge prohibiciones ajenas al ámbito de la protección animal, como de la de impedir la participación y asistencia de menores de 18 años en festejos, pruebas, entrenamientos y clases prácticas con reses de lidia de las escuelas taurinas autorizadas, o la de no permitir la emisión de contenidos audiovisuales relacionados con la tauromaquia en medios de comunicación de titularidad pública durante el horario general de protección infantil.

Por otra parte, el texto presentado indica que su aplicación no supondría un coste económico para la Administración autonómica, debido a los ingresos que reportaría el aumento de las sanciones tipificadas y de las cuantías de las sanciones (en algunos casos más del triple de las actuales). Sin embargo, el Gobierno andaluz recuerda que el procedimiento administrativo sancionador en esta materia no puede tener "finalidad recaudatoria", sino que ha de centrarse en garantizar la protección y el bienestar de los animales.

El Consejo de Gobierno señala también la "vaguedad y confusión" de muchas de las definiciones planteadas, "que en algunos casos contradicen a las recogidas en otras leyes y que en la práctica pueden dificultar y complicar la gestión administrativa de la protección animal".

Finalmente, el Ejecutivo pone de manifiesto que la proposición sólo ha contado con el consenso de las organizaciones animalistas, dejando fuera de la participación a sectores fundamentales que se verían afectados, "como las asociaciones de venta de animales, los facultativos veterinarios, los profesionales de la ganadería o la agroindustria orientada a la producción alimentaria".