La Junta pide a Gobierno adaptar las reglas fiscales al modelo europeo para favorecer "un colchón" en caso de superávit

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz le ha enviado una carta a la Administración del Estado con la idea de propiciar que las reglas fiscales sobre el gasto público imperantes en España se adopten a la nueva normativa europea, que entró en vigor en abril de 2024.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha dado cuenta de esta iniciativa en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno para asegurar que la motivación de esta petición de Andalucía al Estado es que en escenarios como el que vive la región, con una deuda dos puntos inferior a la media autonómica, "si Europa da cierto margen al Estado, incluso hablando de siete años", de la misma forma se traslade esa flexibilidad a las comunidades autónomas el superávit en lugar de destinarse a la amortización de la deuda viva ante "posibles tensiones de tesorería" que puedan tener "un posible colchón".

Este planteamiento de la Junta se concreta en reclamar la reforma de la normativa nacional de las reglas fiscales de gasto, entre ellas, la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Loepsf), con la idea de que haya una trasposición del nuevo marco europeo, que sigue pendiente.

La Junta de Andalucía ha apelado a que "el nuevo marco de gobernanza fiscal europeo representa un cambio de paradigma", según ha precisado, por cuanto señala que la UE apuesta por "el medio plazo y la planificación plurianual", mientras que la Ley de Estabilidad Presupuestaria de España elige "objetivos y evaluaciones anuales", un modelo que el Gobierno andaluz estima que le perjudica por tratarse de un territorio con características como "una población elevada, grandes necesidades de inversión y una limitada capacidad fiscal per cápita".

Subraya el Gobierno andaluz que la Unión Europea ha apostado por "objetivos diferenciados para cada Estado miembro en función de su realidad socio-económica", cuando la normativa nacional "trata por igual a todos los territorios", al margen de parámetros como sus recursos, la población o el crecimiento de su economía, para lamentar entonces un modelo español que ha caracterizado como "centralizado y uniforme para todos los territorios".

Sigue argumentando la Junta, en esa comparativa entre el modelo español y el europeo, que mientras la Unión Europea toma como referencia el gasto en el medio plazo, por lo que se vincula la capacidad de gasto al crecimiento económico, cuando la normativa nacional se enfoca en el objetivo de déficit anual, para considerar que entonces "lo que limita es el endeudamiento".

Reclama el Gobierno andaluz que la normativa española permita "una aplicación flexible de la regla de gasto", y que haya topes diferenciados según cada Administración, o por el nivel de gasto en servicios públicos fundamentales.

Recuerda la Junta de Andalucía que la regla de gasto que aplica para toda España es el 3,2% en 2025, para cualquier nivel de la Administración, sea estatal, autonómico o el local.

La Junta de Andalucía defiende que la reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera sería entonces "una oportunidad para corregir las deficiencias del actual modelo y favorecer un entorno fiscal más justo, equitativo y sostenible".

REFORMA EN PARALELO DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN

El Gobierno andaluz propone esa reforma de la Ley Orgánica 2/2012 para establecer "tasas de gasto diferenciadas por territorios" y huir, entonces, de "reglas homogéneas injustas".

La reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que plantea la Junta de Andalucía se encamina a esa mayor flexibilidad con el uso del superávit y la posibilidad de compensar los años de superávit con los déficit en un periodo concreto, que denomina "cuentas de control a medio plazo como mecanismo corrector no sancionador".

Pide la Junta de Andalucía la participación efectiva de las comunidades autónomas en los planes fiscales estructurales nacionales, así como mayor transparencia fiscal, incluyendo acceso temprano a la información sobre entregas a cuenta, transferencias finalistas y previsiones macroeconómicas.

Demanda también "incentivos positivos" para las comunidades cumplidoras como sería "el acceso preferente a determinados fondos europeos, en lugar de mecanismos puramente sancionadores".

Suma aquí la petición que el cambio de la Ley Orgánica 2/2012 "no puede abordarse de manera aislada", para proceder "de forma simultánea" a la reforma del sistema de financiación autonómica al sostener que "su obsolescencia y desequilibrio estructural suponen un perjuicio continuado y acumulativo para Andalucía".